SANTIAGO.- Los ministros de Trabajo de Perú, Jaime Zavala, y Chile, Ricardo Solari, dieron hoy por superado el problema de la migración ilegal de peruanos a este país que aumentó en forma explosiva en la década de los noventa.
"Estamos trabajando para que tanto peruanos como chilenos tengan los mismos derechos laborales que tienen los nativos de cada país y que no sean discriminados bajo ninguna circunstancia", afirmó a EFE Ricardo Solari.
Aunque no existen datos exactos sobre el número de peruanos en Chile, se calcula que son cerca de 60.000 personas, "la mayoría con sus papeles en regla", confirmó Jorge Colunge, embajador de Perú en Santiago.
Según cifras oficiales, en 1998 había en Chile más de 40.000 peruanos ilegales y 15.000 con sus papeles al día, ante lo cual el Gobierno debió impulsar una amnistía para regularizar la situación.
Los ministros del Trabajo de ambos países se reunieron en Santiago para intercambiar opiniones y experiencias sobre los sistemas de fiscalización laboral y los programas de generación de empleos existentes en ambos países.
En esa dirección, ambos países están trabajando para concretar un convenio sobre seguridad social que permita que los derechos previsionales de los inmigrantes, entre otros, sean garantizados.
"Ya hay un borrador de trabajo sobre el tema de la seguridad que involucra las prestaciones de salud y el de previsiones que hemos venido desarrollando desde el año 1997, con el fin de que a la brevedad posible lo podamos llevar a la realidad", dijo a EFE el ministro peruano Jaime Zavala.
Respecto a la tasa de desempleo que afecta al Perú (8,5 por ciento a diciembre de 2000), Zavala sostuvo que para las autoridades de su país es mucho más importante el tema del subempleo.
"Nuestra tasa de desempleo se encuentra entre las cifras promedio de Latinoamérica, pero lamentablemente en el subempleo se concentra el 49 por ciento de la población económicamente activa", precisó.
A juicio de Zavala, terminar con el alto número de parados en Perú pasa primero por mejorar la estabilidad macroeconómica, política, social y jurídica para crear condiciones que garanticen el retorno de los capitales a la nación peruana una vez concluido el proceso electoral.
