SANTIAGO.- Por 11 votos a favor y tres en contra, el pleno de la Corte Suprema decidió actuar de oficio y remover a la presidenta del CDE, Clara Szczaranski del litigio arbitral que mantienen las empresas "Sociedad Legal Minera San Miguel Uno de Sierra Valenzuela" y la compañía minera "Santa Isabel Limitada".
El Máximo Tribunal basó su determinación en que la abogada se extendió en el plazo de dos años para fallar como juez árbitro y anuló todas las decisiones que ella tomó en dicho arbitraje.
Dentro de los argumentos esgrimidos por la Corte Suprema, los ministros acordaron que "de conformidad por lo que dispone el artículo 235 del Código Orgánico de Tribunales se declara que el plazo legal para evacuar el arbitraje en los auto arbitrales caratulados "Sociedad Legal Minera San Miguel Uno de Sierra Valenzuela" y otro con "Compañía Minera Doña Isabel Limitada", materia de esta queja disciplinaria, venció con fecha diez de junio de dos mil y que en consecuencia, al proseguir con el arbitraje Doña Clara Szczaranski Cerda, más allá de esa fecha extendió indebidamente su cometido arbitral, lo que a su vez origina la invalidez o nulidad de las actuaciones adoptadas en tales circunstancias, lo que al efecto así se declara".
El conflicto tiene su origen en un litigio entre las dos empresas. El asunto fue derivado a un arbitraje por acuerdo de las partes. La responsabilidad de tramitar el procedimiento quedó en manos de Clara Szczaranski, que realiza esas funciones paralelamente a su trabajo como presidenta del CDE.
Los arbitrajes son procedimientos regulados por la ley para resolver litigios de carácter civil, en los que las partes dejan el asunto en manos de un abogado especializado que hace las veces de juez. Sus resoluciones pueden ser objeto de recursos por vía judicial.
El abogado Joaquín Fontbona, que actúa por la Sociedad Minera San Miguel Uno de Sierra Valenzuela, presentó la queja disciplinaria contra la juez árbitro el año pasado. Así logró el mes pasado que el pleno aplicara una censura por escrito a Clara Szczaranski y anulara varias decisiones de la juez árbitro. Los magistrados la acusaron entonces de faltas graves por haber delegado sus funciones como juez árbitro y haber usado un cuño o facsímil con su firma para adoptar algunas resoluciones.
Pero Fontbona no quedó conforme con lo resuelto, puesto que no se impidió expresamente que la abogada pueda dictar el fallo final en el arbitraje. Por eso, presentó un recurso de reposición y en subsidio uno de aclaración que la Corte Suprema analizó.
En opinión del recurrente, Clara Szczaranski ya superó con creces el plazo de dos años para dictar el fallo en el arbitraje. En consecuencia, planteó que el pleno debía disponer que ella está inhabilitada para resolver.
Los votos en contra de Szczaranski fueron de Hernán Alvarez, Mario Garrido, Marcos Libedinsky, Enrique Tapia, Alberto Chaigneau, Enrique Cury, Orlando Alvarez, Urbano Marín, Domingo Yurac, Humberto Espejo y Jorge Medina.
A favor de no sancionar a la ministra estuvieron José Benquis, Jorge Rodríguez y Milton Juica.
