SANTIAGO.- El diputado socialista Juan Bustos, junto a representantes del Hogar de Cristo y de diversas organizaciones no gubernamentales, manifestó hoy su rechazo al proyecto que modifica la Ley 19.366, sobre tráfico de estupefacientes y lavado de dinero, y que será votado este martes 16 de octubre por la Cámara de Diputados.
Explicaron que estas modificaciones contienen un articulado que penaliza el porte de drogas para el consumo personal con presidio de entre 61 días a tres años, hecho que, dijeron, generará un impacto negativo al marginar a los sujetos consumidores y dificultar las acciones de rehabilitación.
"Las modificaciones a la Ley nos hablan de una intencionalidad represiva dirigida no a las personas que trafican, sino más bien a las que consumen. Aquí hay una clara persecución hacia los más jóvenes", señaló el diputado Bustos.
Dicho impacto negativo, según explicó el psicólogo y coordinador del área de Riesgo Social del Hogar de Cristo, Paulo Egenau, se hará particularmente más fuerte en los jóvenes de menores recursos.
Egenau agregó que "intentar solucionar los problemas de salud con una Ley no es el camino adecuado. El camino es el debate abierto, la información transparente. El tema de la droga es de salud y esto no se supera a través de leyes y sí a través de la prevención y la rehabilitación".
Según los expertos en tratamiento de adicciones presentes en la oportunidad, la criminalización del consumo de drogas agrega daño, pues estaría demostrado, dijeron, que las personas que han pasado por la cárcel producto de delitos vinculados tienen más dificultades para, primero, consultar por terapias de rehabilitación y, segundo, seguirlas con éxito.
Las modificaciones a la Ley 19.366, continúan, sin embargo, sancionando como falta el consumo en lugares públicos o abiertos, además de establecimientos educacionales, y estipula una sanción de asistencia obligatoria a programas de prevención por un período no menor a 180 días.
Otro artículo cuestionado por el grupo es aquel que exime de responsabilidad penal, por cualquier delito que se cometa, a los agentes de la policía que participan en la investigación para dar con narcotraficantes.
También rechazaron el artículo 21, que castiga a los funcionarios y empleados públicos que usen drogas, sea o no en privado, con la pérdida del trabajo y otras sanciones, hecho que sería discriminatorio.
Además, criticaron la incorporación de fondos para la delación, pues ello "significa generar la duda ante los ojos de los jóvenes, al hacer potenciales delatores a los profesionales terapeutas que intentan ayudarlos acudiendo a los lugares de mayor consumo", explicaron.
Las modificaciones, dijeron, elevarían la cifra de personas sancionadas con privación de libertad por infracciones a la Ley de Drogas desde 3.500 casos que se dan anualmente hoy, a cerca de 12.000. Esto significaría agregar un tercio más de internos a los que actualmente están recluidos en las cárceles del país.
Durante el año 1999, 19.153 personas fueron detenidas por supuestas infracciones a dicha ley, de las cuales 5.810 recibieron sanciones, entre multas y prisión.
Según el último estudio del Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (Conace), el 94 por ciento de la población no ha usado drogas en el último año, el 98 por ciento no lo ha hecho en el último mes y el 99 por ciento no ha consumido en la última semana. Así, sólo el 1,3 por ciento de los habitantes chilenos tendría algún problema de drogas.
