SANTIAGO.- Cerca de US$ 320 millones invertirá el gobierno en un plazo de 10 años para destruir las minas antipersonales existentes, de los cuales US$ 90 millones están contemplados en el Presupuesto de la Nación del 2002 para la puesta en marcha del Centro Nacional de Desminado.
Así lo informó el ministro de Defensa, Mario Fernández, a la comisión especializada del Senado, presidida por Jaime Gazmuri (PS), y que este miércoles 31 entregará los antecedentes a la Sala que aprobó la Convención de Ottawa de 1997, tratado que obliga a los Estados firmantes a destruir las minas antipersonales y prohíbe la fabricación, transferencia y almacenamiento de estos elementos.
La Sala del Senado aprobó la Convención de Ottawa con el compromiso de recibir del Gobierno un completo informe financiero respecto del costo de las operaciones.
Fernández explicó que según las cifras entregadas por las propias instituciones de la defensa, "el desminado significará aproximadamente unos US$ 120 millones y los medios sustitutivos de defensa alcanzan a US$ 123 millones; en tanto que el costo total será cercano a los US$ 243 millones más los desminados simbólicos que requieren de US$ 81 millones; es decir, llegaremos a un total final aproximado de US$ 320 millones".
Las tareas de desminado estarán a cargo de personal especializado del Ejército y de la Armada, instituciones que expusieron los elementos técnicos y los costos operacionales.
En el territorio nacional, el Ejército cuenta con más de 250 mil minas antipersonales dispuestas en 293 campos minados distribuidos en el altiplano de la I y II Región y en las islas del los archipiélagos australes en la XII Región.
No obstante, el proceso de desminado propiamente tal no se iniciará el próximo año, por cuanto los US$ 90 millones incluidos en el Presupuesto del 2002 para este fin están destinados a organizar la estructura del organismo que se encargará de cumplir con el Tratado ratificado el pasado 10 de septiembre por Chile en Naciones Unidas.
En aquella oportunidad, el embajador de Chile ante el organismo internacional, Juan Gabriel Valdés, depositó el instrumento de ratificación en presencia de los representantes de Canadá y Noruega, países que impulsaron el proceso que puso en vigencia la Convención en marzo de 1999.
De esta forma, Chile se convirtió en el país número 120 en ratificarla luego de la aprobación en mayo pasado por el Senado chileno.
El tratado significará destinar alrededor de 300 millones de dólares a detectar y desactivar las minas antipersonales de las zonas fronterizas, especialmente en el norte de Chile.
A pesar de las acciones para eliminarlas, se estima que aún hay entre 20 y 100 mil de estos artefactos enterrados en suelo chileno.
