SANTIAGO.- Una intensa ronda de conversaciones con los senadores y diputados oficialistas y de la oposición está desplegando La Moneda para conseguir el apoyo parlamentario al paquete de proyectos de ley anticorrupción y reactivador de la economía, que este miércoles serán enviados al Congreso para su tramitación legislativa.
Consciente de la urgencia que representa para el país el legislar y transparentar un sinnúmero de prácticas que ejecutan a diario diversos funcionarios públicos, el ministro del Interior, José Miguel Insulza, comenzó la semana pasada una ronda de conversaciones con todos los sectores políticos para la concreción de un "gran acuerdo nacional" a favor de la probidad y de las medidas reactivadoras de la economía.
En este marco, el ministro Secretario General de Gobierno, Heraldo Muñoz, comentó este lunes que el comité político de La Moneda se reunió con los distintos jefes de bancada de la Concertación, a fin de discutir y recoger sugerencias para estas disposiciones.
El proceso se intensificará cuando los ministros Insulza, Muñoz y Fernández reciban a representantes de la oposición con el mismo objetivo.
La idea, aseguran en La Moneda, es aprovechar la coyuntura para legislar lo más rápido posible sobre estas materias y dar una fuerte señal, tanto a nivel nacional como internacional, de que el país combatirá cualquier atisbo de corrupción que se produzca en cualquier nivel.
"Nos parece que estamos recuperando un clima de unidad que nos permite mirar al futuro, y legislar para bien del país. No se trata sólo de legislar, sino también de tomar otro tipo de medidas que puedan surgir de alguna estructura que se conforme con los partidos políticos, sectores sociales y de personalidades representativas", dijo el vocero de Gobierno.
Al apoyo y convencimiento político que han recibido las medidas anunciadas, el Gobierno desea conseguir también el de otros actores de la vida nacional, como los empresarios y organismo intermedios.
En este marco es que el Presidente Ricardo Lagos recibió esta tarde en su despacho al presidente del capítulo chileno de Transparencia Internacional, Luis Bates, quien le hizo le entrega de un documento en que se proponen diez medidas destinadas a comatir este flagelo.
Hasta el minuto, no obstante, los lineamientos generales en los que se basa la propuesta que afina el Ejecutivo están dados por las propuestas y medidas surgidas tras el estallido del Caso Coimas y sobresueldos.
Entre estos se encuentran los proyectos de ley que fija un nuevo salario para los ministros, subsecretarios y otras altas autoridades de la administración, el referido a la concursabilidad de cerca de 3 mil 500 cargos de tercera línea de la administración pública, el que regula el lobby y el de gasto electoral.
Si bien el Gobierno basa sus esperanzas en que estas materias reciban un rápido trámite legislativo, el proyecto que regula el gasto electoral será reestudiado por el Ejecutivo, los partidos políticos y algunos organismos independientes, a fin de reunir el mayor consenso posible en la materia.
Esto último, porque es claro que en todos los partidos políticos -en unos más que en otros, eso sí- causa bastantes reparos cualquier disposición a transparentar los aportes que reciben en tiempo de campañas políticas, y de ahí que La Moneda haya querido reformular el actual proyecto de ley que está en el Congreso y recoger las opiniones que tengan que aportar la totalidad de los involucrados.
Propuestas de Transparencia Internacional
En la reunión de esta tarde, el Presidente Lagos recibió del abogado Luis Bates un documento con diez medidas que el organismo no gubernametal (ONG) sugiere implementar en el país a fin de combatir la corrupción y las malas prácticas que a veces encierra el quehacer público.
Además de recibir el documento, el Primer Mandatario se comprometió con el organismo a conformar una mesa de trabajo suprapartidista, la que se abocará a partir de la próxima semana al estudio de más medidas anticorrupción y al seguimiento de las mismas.
Para lograr tal objetivo, el representante chileno de Transparencia Internacional, el abogado Luis Bates, convocó a todos los actores sociales, económicos y políticos a conformar esta mesa de trabajo, pues dijo que el combate de este flagelo es tarea de todos quienes componen la sociedad.
"Nosotros pensamos que ningún chileno debe restarse a la contribución que debe hacerse a un problema que tiene carácter de país. En consecuencia, ningún segmento de la población debe restarse a mejorar los índices de corrupción. En este momento, en que el país está alcanzando convenios comerciales con la Unión Europea y posiblemente con Estados Unidos, el tema de la probidad pública pasa a tener una importancia enorme", dijo Bates.
Dentro de las diez medidas que propuso la ONG, algunas ya están consideradas en el paquete que este miércoles enviará La Moneda al Parlamento para su tratamiento legislativo.
Con todo, éstas son las que más destacan:
-Realizar un reestudio y actualización de las 41 recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional de Ética Pública de 1994, las que, junto a las medidas anunciadas recientemente por el actual Gobierno, deben ser objeto de permanente seguimiento y evaluación.
-La creación de un sistema de alta dirección pública para los cargos ejecutivos de la administración, el cual establecerá la institucionalidad y los mecanismos necesarios para reclutar por mérito en base a concursos al primer, segundo y tercer nivel de la administración, excluyendo los cargos eminentemente políticos.
-Las licitaciones y compras del Estado deberán regirse por la más alta y estricta transparencia e igualdad. Debería aprobarse a la brevedad el proyecto de ley de compras y contrataciones públicas, haciendo extensiva su vigencia a los municipios y las compras no militares de las Fuerzas Armadas.
- Al momento de asumir funciones, toda autoridad deberpa declarar su patrimonio, incorporándose tales declaraciones en las págins web correspondientes, como condición previa al delito de enriquecimiento ilícito que deberá legislarse.
-Introducir modificaciones a la regulación de los gastos reservados, como lo propusiera la Comisión Nacional de Ética Pública en 1994.
-Hacer completamente transparente los regímenes de financiamiento de la política.
-Regular razonablemente la relación entre función pública y las actividades privadas. Se debe establecer un régimen más estricto de incompatibilidades o inhabilidades para los miembros del ámbito público.
-Garantizar el amplio ejercicio de la libertad de expresión y las denuncias públicas y parlamentarias como herramientas fiscalizadoras para contribuir a la reducción de la corrupción.
-Realizar esfuerzos para que las leyes internas y las Convenciones Internacionales contra la corrupción y el soborno -preventivas y represivas- tengan efectiva aplicación.
