SANTIAGO.- La abogada Pamela Pereira luego que la Corte Suprema ordenara investigar la muerte del general Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert, ocurrida hace 28 años en Buenos Aires, valoró la resolución del tribunal de que el proceso continúe en nuestro país con lo ya avanzado por la justicia trasandina, al tiempo que llamó al Ejército a ponerse del lado de la víctima y no del victimario, porque la institución castrense está en deuda con su ex-comandante en jefe.
En entrevista con Radio Cooperativa, la profesional puntualizó que la petición de extradición de los cinco involucrados en el hecho no fue rechazada sino que la justicia optó por abrir en Chile la investigación.
Los ex-uniformados generales en retiro del Ejército extraditables son Manuel Contreras, Pedro Espinoza, José Zara, Raúl Itrriaga Neumann,y un civil Jorge Iturriaga Neumann.
Las cinco personas ya están procesadas con resoluciones ejecutoriales en Argentina y eso tiene plena validez en Chile y de ahora en adelante el caso continúa tramitándose aquí en nuestro país.
Agregó que sin perjuicio de ello está avanzando la investigación y el procesamiento en Argentina de Mariana Callejas que tuvo una participación en el crimen, y que viene la petición de su extradición.
Asimismo se estudia la de un ex-agente de la Dina de apellido Wilckens, quien cumplió funciones como agregado militar en Ecuador.
Consultada sobre si el Ejército pidió que se investigara la muerte del ex-comandante en jefe, dijo que "nunca ha explicitado una voluntad de esclarecer estos hechos, de investigarlos y de sancionar a los responsables. Hay una deuda pendiente con el general Prats. En alguna medida han reparado del punto de vista de su dignidad e integridad personal esa conducta, al reconocerle los honores militares en el acto que realizaron en la Escuela Militar a través de una misa, pero eso no es suficiente. Ese es un paso que la familia valora, pero no es suficiente".
Agregó que el mundo castrense "debe tomar una opción y hoy día no tienen otra que ponerse de parte de la víctima y no del victimario, y eso se traduce en definitiva a que dejen de prestar colaboración a las defensas y los intereses de quienes son procesados en esta causa por el crimen de su comandante en jefe".
Requerida sobre si es factible que la institución se haga parte en este proceso aquí en Chile, para determinar los responsables del crimen, Pamela Pereira expresó que le conforma que tomen "la postura correcta desde el punto de vista ético y constitucional, que es cooperar respecto de la familia de la víctima y no cooperar con los victimarios".
