SANTIAGO.- Parlamentarios de la Democracia Cristiana advirtieron que los bancos aún mantienen en sus registros información comercial pasada sobre los ciudadanos y a la hora de evaluar una solicitud de crédito recurren a esta especie de "Dicom Histórico" que , en la práctica, sigue coartando la reactivación de muchos.
Señalaron que tras publicarse la ley la Ley 19.628, sobre Protección a la vida privada de las personas, que permitía, transcurrido un tiempo, borrar los antecedentes de Dicom, muchos pensaron que sus problemas terminarían; en especial los pequeños y medianos empresarios que veían imposibilitada la posibilidad de acceder a créditos para reactivar su producción.
Así- agregaron- fueron muchos, también, quienes pensaron que podrían acceder a créditos hipotecarios o similares; pero, hoy, la situación es bastante diferente.
Para avanzar en esta batalla contra el Dicom histórico, un grupo de diputados de la Democracia Cristiana, encabezado por Eduardo Saffirio, Jorge Burgos, Patricio Walker, Waldo Mora, Pablo Lorenzini, Exequiel Silva y José Miguel Ortíz, presentó hoy en el Congreso Nacional una iniciativa que busca terminar con esta práctica discriminatoria que afecta tanto a consumidores como a pequeños y medianos empresarios.
Se trata -dijeron- de obligar a Bancos e Instituciones Financieras a entregar una respuesta por escrito y circunstanciada de los motivos de la negativa en el otorgamiento de un crédito, a fin de que tanto la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras como el Servicio Nacional del Consumidor puedan ejercer sus facultades fiscalizadores haciendo cumplir los criterios establecidos por las normas jurídicas vigentes.
Según explicó Saffirio, el crédito bancario es una de las formas más utilizadas por los consumidores y por los pequeños y medianos empresarios, agricultores y comerciantes para acceder a fuentes de financiamiento.
"Para acceder a un crédito se exige a los consumidores y pequeños empresarios cumplir por escrito, con una serie de requisitos que demuestren su capacidad de pago, sin embargo, el sistema financiero nacional adolece de problemas que dificultan el acceso al crédito, como es la historia crediticia".
"En el caso de la historia crediticia, es decir la conducta anterior del sujeto de crédito, muchas veces se consideran datos caducos, en este caso emanados de créditos prescritos, que debieron en su momento ser eliminados de los registros y no pueden ser considerados para ningún efecto, según lo establece la Ley 19.628, sobre Protección a la vida privada de las personas"", señaló el diputado.
De allí que denunciara en la Cámara el incumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 6º de la ley ley Nº 19.628, que protege la vida privada de las personas, donde se señala que "el responsable del banco de datos personales procederá a la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, en su caso, sin necesidad de requerimiento del titular", para los efectos de hacer expedita la eliminación o cancelación "cuando su almacenamiento carezca de fundamento legal o cuando hayan caducado".
Emplazan al BancoEstado
En tanto, el diputado Exequiel Silva emplazó directamente al presidente del Banco del Estado para que responda si en esta institución se siguen utilizando los datos que se supone ya no debieran existir. "Que el Banco del Estado aclare a la opinión pública si cuando un ciudadano va a pedir un préstamo sacan información por debajo de la mesa".
"El Banco del Estado hoy debiera ser el principal motor de la pequeña y mediana empresa; de otra forma será imposible que todo el país pueda incorporarse efectivamente a la agenda pro crecimiento. Así lo prueban múltiples casos de personas que, a pesar de tener el certificado del boletín comercial sin antecedentes, no pueden acceder a créditos. Esta situación está afectando hoy seriamente a pequeños y medianos empresarios, a agricultores, a profesionales jóvenes y a pequeños comerciantes que, por distintas circunstancias, han pasado por momentos económicos difíciles durante estos últimos cinco o seis años", dijo Silva.
El proyecto, presentado hoy, propone modificar la Ley 19.496 de Protección de los Derechos del Consumidor y el DFL3 Del Ministerio de Hacienda, Ley General de Bancos.
Por su parte, el diputado Pablo Lorenzini se refirió a lo que calificó como un verdadero "barco fantasma", donde, agregó, "navegan datos de un lado para otro y sin autorización, cuando se supone que ya debieran haber desaparecido".
"El ministro de Hacienda nos habla de una economía sólida; se habla de innovar, de emprender, de crear nuevos negocios, de aprovechar los tratados de libre comercio, pero, en los hechos, el sistema financiero, incluido el Banco del Estado, le niega a las personas la posibilidad de emprender nuevas iniciativas en negocios que pueden ser exitosos, porque hace cinco, seis, siete u ocho años, por factores que ni siquiera dependían de la macroeconomía o de la microeconomía nacional, no pudieron pagar o tuvieron problemas para ponerse al día en sus compromisos comerciales"", enfatizó.
