VALPARAÍSO.- El Ministro Secretario General de la Presidencia, Eduardo Dockendorff, afirmó que el proyecto de Declaración de Patrimonio de las Autoridades, fue aprobado en particular por la Comisión de Constitución Legislación y Justicia del Senado, en los rasgos fundamentales que interesan al Ejecutivo para avanzar en materia de transparencia en el país.
Tras una larga discusión en la Comisión, quedó en condiciones de pasar a la Sala del Senado, en su segundo trámite constitucional.
Respecto a las sanciones que se aplicarán a quienes no cumplan con esta obligación, dijo que se creó un criterio común respetando las normas existentes y las posibilidades que la Constitución prevé para los distintos poderes del Estado y las instituciones que estarán sometidas a esta exigencia.
El Ministro explicó que se excluyó la posibilidad de la destitución, "porque creemos que el bien superior que se persigue no es crear una figura jurídica nueva, penalizar o llamémoslo así demonizar la declaración jurada de patrimonio. Nos interesa fundamentalmente el objetivo de la transparencia y eso se sanciona social o políticamente de una manera mucho más drástica que eventuales sanciones pecuniarias o de destitución". Precisó, sin embargo, que las multas se mantienen en un rango de entre 10 y 30 UTM.
También informó que la norma de enriquecimiento ilícito se desechó de una manera abrumadora porque, no obstante que está recomendada por la Comisión contra la Corrupción de la OEA y otros organismos internacionales, "no ha funcionado en ningún país". Dio como ejemplo que "en Argentina esto existe desde hace 30 años y francamente no tiene aplicabilidad alguna, no tiene viabilidad jurídica ni administrativa".
El Secretario de Estado señaló que "la experiencia internacional ha demostrado que la práctica del enriquecimiento ilícito puede, de alguna manera, contradecir un principio democrático en la ejecución de la justicia, y no solamente eso, sino que podría entrar en flagrante conflicto con el principio sobre el cual descansa nuestra actual Reforma Procesal Penal, que es el principio de la inocencia y del debido proceso".
En todo caso, -añadió el Ministro-, no se descarta tratar este tema a través de un proyecto aparte, ya que los senadores de la Comisión se comprometieron a presentar una moción en esta materia más adelante, lo que será evaluado en su mérito por el Ejecutivo, "sobre todo por la relación y el impacto que genera en el resto del sistema procesal".
Por último, recordó que existen otras figuras en la legislación chilena para sancionar en caso que surjan sospechas tales como asociación ilícita, malversación, dolo, soborno u otras, "pero no se puede construir un delito sobre la base de presumir o sospechar, porque eso violenta absolutamente el sistema procesal como está concebido hoy día y, además, porque transforma un proyecto simple y sencillo, como es la declaración patrimonial, en un proyecto de otra naturaleza y otro contenido, que es la creación de la figura del enriquecimiento ilícito, que creemos que está en un plano jurídico y persigue un bien jurídico además distinto".
