SANTIAGO.- Hace algunos minutos concluyeron los alegatos de apelación en el denominado caso Lavandero y la decisión de los ministros de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco quedó en acuerdo.
Recién el sábado 16 de julio se dará a conocer la decisión, según informó radio Bío Bío.
La vista de las apelaciones comenzó a las 9:00 de esta mañana a escuchar los alegatos a la sentencia dictada por la jueza de garantía, Georgina Gutiérrez, en contra del desaforado senador Jorge Lavandero y su secretario, Juan Carlos Espinoza.
El primero en hacer su intervención fue el fiscal Xavier Armendáriz, quien pidió que el parlamentario cumpla efectivamente la pena en la cárcel, con el argumento de que un informe de Gendarmería establece que el senador no merece el beneficio.
Luego fue el turno del abogado que representa a las cuatro víctimas de abusos, Julián López, quien también rebatió el argumento de la jueza Georgina Gutiérrez para no someter a Lavandero a prisión efectiva.
Posteriormente, hizo uso de la palabra el abogado defensor de Juan Carlos Espinoza, Gaspar Calderón, quien alegó en favor de la absolución de su defendido. Argumentó que su cliente no fue autor cooperador en los delitos mencionados, porque se habría limitado a trasladar y entregar dinero a los menores por orden de su jefe directo, el senador Lavandero.
Tras la intervención de Calderón, el tribunal dispuso un receso de quince a veinte minutos.
A continuación, alegó el abogado de Lavandero, Reyniero García de la Pastora, quien argumentó que el acusado no estuvo en condiciones de ejercer los derechos que le otorgan las garantías constitucionales al aceptar el juicio abreviado y, en consecuencia, solicitó la nulidad de ese procedimiento para llegar a un juicio oral y público donde pueda rendir las pruebas de su inocencia.
El jurista solicitó además la absolución, la rebaja de pena de su defendido o la mantención de la condena con el beneficio de la libertad vigilada.
Tanto el senador Jorge Lavandero como su asistente, Juan Carlos Espinoza, fueron condenados a penas de cinco años y tres años y un día, respectivamente, por los delitos de abusos sexuales reiterados contra cuatro menores.
A ambos les concedió el beneficio de la libertad vigilada, con el polémico argumento de que el sistema penitenciario no contaba con un efectivo sistema de readaptación y rehabilitación social de los condenados.
El tribunal estuvo integrado por los ministros Leopoldo Llanos, Fernando Carreño y el fiscal judicial Luis Troncoso.
