LIMA.- El ex Presidente peruano Alberto Fujimori cree que la justicia de Chile lo pondrá en libertad en diez días, al tiempo que las autoridades de Perú preparan 22 solicitudes de extradición por otros tantos procesos abiertos contra el ex Mandatario, tarea para la que disponen de menos de dos meses.
La detención "es un escenario previsible por mi jefe, aunque claro, sólo espera estar en prisión un máximo de diez días, ya que confía en que la justicia de Chile actúe como corresponde", dijo hoy Carlos Raffo, portavoz de Fujimori, que permanece arrestado en Chile desde hace tres días.
El entorno de Fujimori en Chile, compuesto por sus abogados y amigos que datan de la infancia, está convencido, según Raffo, de que la Justicia chilena "va a desestimar" las 22 peticiones de extradición "por falta de pruebas".
"Una vez que Chile deniegue la extradición de Fujimori, se demostrará su inocencia a nivel mundial, la persecución política llegará a su fin y él podrá cruzar la frontera y presentar su candidatura en las elecciones presidenciales del próximo año", señaló Raffo.
El portavoz negó que Fujimori, que durante más de una década de gobierno (1990-2000) tuvo como brazo derecho a Vladimiro Montesinos, preso desde 2001 en una cárcel militar, vaya a hacer una campaña proselitista en Chile porque "es muy respetuoso" con el país que lo acoge.
Tras pasar cinco años refugiado en Japón, Fujimori, que renunció por fax a la presidencia de Perú tras un escándalo de corrupción en noviembre de 2000, llegó el domingo pasado en un vuelo privado a Santiago y fue detenido a petición de Perú el lunes de madrugada.
El duro reto de la Corte Suprema peruana
Entre tanto, la Corte Suprema peruana tiene ante sí el duro reto de elaborar 22 solicitudes de extradición en menos de dos meses.
Según especialistas consultados por EFE, es un reto muy difícil de superar, pues es "como hacer funcionar a ritmo de tren supersónico una locomotora del siglo XIX, como el Poder Judicial peruano, donde abundan los farragosos procedimientos legales".
Durante los cinco años que Fujimori estuvo prófugo en Japón, la Corte Suprema produjo sólo dos peticiones de extradición del total de 22 procesos abiertos contra él, algunos de ellos por homicidio y secuestro, así como por pagos ilegales a Montesinos.
A Japón se le pidió la extradición de Fujimori, de 67 años, para ser procesado como presunto autor intelectual de las matanzas de quince personas del barrio limeño de Barrios Altos, en 1991, y de nueve alumnos y un profesor de la Universidad de La Cantuta en 1992, perpetrados por el grupo paramilitar "Colina".
La segunda solicitud de extradición se refería al juicio abierto al ex gobernante por el supuesto pago de una indemnización ilegal de 15 millones de dólares a Montesinos, su asesor convertido en "el poder tras las sombras" en el gobierno de Fujimori.
Otra obstáculo en el camino entre Fujimori y la presidencia de Perú es la ratificación confidencial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) a un grupo de legisladores en el sentido de que "los funcionarios públicos inhabilitados no son elegibles", según reveló el congresista Heriberto Benítez.
Además de los 22 procesos legales que afronta Fujimori, el ex Jefe de Estado fue inhabilitado por el Congreso de Perú para ejercer todo cargo público tras su renuncia a la presidencia.
