Eduardo Sepúlveda. |
SANTIAGO.- Pese a que los proyectos del gobierno para combatir la delincuencia ingresaron a discusión recién hoy al Parlamento, ya han surgido voces que discrepan con los planteamientos principales de estas propuestas presentadas la semana pasada por el ministro del Interior, Andrés Zaldívar, y el titular de Justicia, Isidro Solís.
A las críticas de los alcaldes surgidas en las últimas horas, se suma también la del Defensor Nacional, Eduardo Sepúlveda, máximo representante de los abogados encargados de defender ante los tribunales de justicia a quienes han sido acusados de cometer un delito.
Pero mientras los ediles no están de acuerdo con que las funciones administrativas de Carabineros pasen a ser ejercidas por los municipios, debido a su falta de recursos, Eduardo Sepúlveda dijo a Emol que considera que esta medida y el inicio del debate nacional sobre el manejo de la delincuencia son, hasta el momento, los únicos aspectos positivos de estos proyectos.
Según el Defensor Nacional, la principal falencia de la propuesta gubernamental es la ausencia de una política de reinserción social efectiva para quienes cometan delitos. Una medida que, a su juicio, puede contribuir a reducir los índices delictivos a largo plazo.
"Las causas de la delincuencia están muy vinculadas normalmente a otros aspectos sociales que han impedido que aquellas personas que están marginalizadas puedan efectivamente incorporarse a la sociedad", afirma Sepúlveda.
En este sentido, el titular de la Defensoría Penal Pública plantea que lo más importante es invertir recursos en justicia social y no hacer tanto hincapié en la justicia criminal, ya que ésta sólo se aplica una vez cometido el delito.
"De lo que hay que preocuparse es de cómo este joven se incorpora a la sociedad y no cómo ese joven es reprimido cuando no se le dieron las oportunidades con anterioridad", asegura.
Asimismo, y contrariando la postura de varios actores sociales y víctimas de la delincuencia, Sepúlveda sostiene que el castigo más severo a los reincidentes en delitos graves "no va a tener mucha incidencia", porque los tribunales siempre han actuado en forma rigurosa en estos casos.
Otros puntos planteados por el Ejecutivo en sus proyectos antidelicuencia presentan detalles que también deben ser analizados y discutidos profundamente, según el Defensor Nacional. Uno de ellos es el hecho de que puedan ser apelables las detenciones por delitos graves declaradas ilegales por los jueces. "Esto implica que pudiera haber una situación de que todo va a ser resuelto por la Corte de Apelaciones y no en audiencias directas como son aquellas que se desarrollan frente al juez de garantía", dice.
Un segundo aspecto criticado por Eduardo Sepúlveda es la intervención de 400 nuevos asistentes de fiscales en los juicios ante los tribunales, lo cual derivaría en la necesidad de contar con 200 defensores adicionales para poder cubrir todas las audiencias.
A su juicio, esto "podría implicar un desequilibrio en el sistema, y sobre todo respecto a las responsabilidades en que se incurre cuando se actúa con funcionarios que no tienen la calidad legal, desde el punto de vista de tener el título de ser fiscal adjunto para su actuación".
Garantías afectadas
Estas críticas se agregan al temor de Sepúlveda de que las garantías constitucionales de los detenidos puedan verse afectadas. Por ello espera que la voz de la Defensoría Penal Pública sea escuchada en el debate que se avecina en el Congreso "tal como ha sido siempre".
Por el momento, insiste en que el trabajo de rehabilitación, acompañado de una vigilancia policial en los sectores vulnerables, son las medidas más relevantes a la hora de reducir los delitos.
