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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 08:30
Gonzalo Vargas dijo que la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil no resiste una nueva postergación.
Alex Valdés, El Mercurio.SANTIAGO.- El gerente de la Fundación Paz Ciudadana, Gonzalo Vargas, señaló hoy que la creación de una institucionalidad adecuada es una de las principales deudas que arrastra el Gobierno en materia de prevención y control de la delincuencia.
En este sentido, Vargas recordó que desde 1997 se viene hablando de la necesidad de crear un organismo encargado de la seguridad, y que incluso fue una de las promesas de campaña que la Presidenta Michelle Bachelet cumpliría en sus primeros cien días de gobierno.
Sin embargo, lo que en un principio sería un Ministerio de Seguridad luego se reemplazó por una Subsecretaría y el proyecto que la crea descansa en el Parlamento desde enero.
"No hubo un avance sustancial en términos de concretar una nueva institucionalidad (...) Los proyectos no avanzan más rápido porque no tenemos la institucionalidad adecuada", criticó Vargas, quien aseguró que "llevamos diez años reconociendo esto".
Otro de los desafíos que se debe concretar en los próximos días es la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que a juicio del gerente de Paz Ciudadana no resiste una nueva postergación, ya que sin ella "o habrán infractores impunes o sin un debido proceso".
"Postergarlo no es gratis", sentenció Vargas, quien sin embargo reconoció que en el año de trabajo desde el aplazamiento de la entrada en vigencia de la ley han habido menos avances de los que se esperaban, porque "esos doce meses no se aprovecharon adecuadamente".
El 2006, el 58% de los detenidos por delitos de mayor connotación social corresponde a hurto (69.673). En segundo lugar se ubican los detenidos por lesiones (20.560), a los que siguen los aprehendidos por robo con fuerza (16.837) y robo con violencia (13.203).
Cuatro puntos porcentuales aumentó la delincuencia el 2006 respecto al año anterior, según la medición que por quinto año consecutivo realizó la Fundación Paz Ciudadana.
En noviembre de 2005, en un 37,7% de los hogares chilenos algún miembro de la familia declaraba haber sido víctima de robo o intento de robo, pero en igual mes del año pasado ese porcentaje se elevó a 41,7%. Alza que a juicio de Vargas, es "estadísticamente significativa", y se produjo en todos los niveles socioeconómicos.
Los datos revelan que el 2006 ingresaron un millón de delitos al sistema, a partir de denuncias realizadas a través de las policías, las fiscalías y otras entidades como hospitales y Gendarmería.
El estudio también constató que un 50% de los casos no se denuncia, lo que constituye una "cifra negra".
Si bien aumentan los delitos, el estudio de Paz Ciudadana muestra que la policía responde a esta alza, ya que las detenciones por delitos de mayor connotación social se elevan en un 2%.
Al desglosar los datos por edad, se observa que el segmento etario en el que más crece la tasa de detención es entre los 14 y 17 años -en 2005 hubo 20.666 detenidos en ese tramo y en 2006 fueron 22.044- justamente el bloque en el que impactará la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente que entrará en vigencia el próximo 8 de junio.
