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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 09:48
SANTIAGO.- La Asociación Nacional de Magistrados lamentó hoy que el Tribunal Constitucional (TC) haya declarado inadmisible la presentación del juez de Garantía de Arica, Francisco Vargas, donde solicitaba detener el proceso disciplinario de remoción que inició en su contra la Corte Suprema los primeros días de mayo, a raíz de un incidente que protagonizó con Carabineros y que llegó a los tribunales de justicia.
El presidente de la organización, Mario Carroza, manifestó su decepción de que el TC no haya entrado al fondo del asunto, que es "pronunciarse respecto a la constitucionalidad del régimen disciplinario que actualmente rige sobre los jueces".
"Esperamos que cuando la Corte Suprema revise el cuaderno de remoción se consideren las situaciones que planteó la Asociación en su oportunidad en una carta al máximo tribunal, donde se argumenta que el mecanismo con que actualmente se evalúa el accionar de un juez no es único, exclusivo ni se ajusta al debido proceso", agregó.
Las declaraciones de Carroza se sumaron a más de 70 firmas recolectadas entre los jueces por el Comité de Derechos Humanos y Transparencia del organismo gremial, en apoyo al magistrado Vargas.
Los jueces que suscribieron al respaldo dan a conocer igualmente su preocupación por los procesos disciplinarios que rigen a los magistrados en el país.
La jueza María Francisca Zapata, miembro de la Comisión, explicó que la iniciativa de las firmas tuvo por objetivo "recoger las solidaridades internas hacia el magistrado y consecuentemente hacia el ejercicio de una judicatura independiente".
El hecho que motivó la máxima sanción contra el juez Francisco Vargas ocurrió en Valparaíso el 1 de enero de 2005 a la salida de un bar.
Según se informó, Vargas, quien entonces era juez de Osorno, se resistió violentamente a un control policial, e hizo valer su calidad de magistrado para salvar la situación.
El incidente fue denunciado a la fiscalía por los uniformados, y el pleito concluyó con un juicio simplificado y un acuerdo reparatorio, en el que el juez ofreció disculpas públicas por lo ocurrido.
Vargas ha sido fuertemente cuestionado en el último tiempo por diversos sectores del quehacer nacional por otorgar la libertad a diversos narcotraficantes de la Primera Región que actualmente se encuentran prófugos.
Según las cifras entregadas al pleno por un grupo de parlamentarios, durante 2006 la Corte de Apelaciones de Arica revocó 92 libertades concedidas por Vargas, de las cuales 55 correspondían a imputados por narcotráfico.
