Diputados presentaron proyecto de ley que aumenta castigos por ejercicio ilegal de la profesión

SANTIAGO.- Luego que Paul Vásquez se querellara en mayo pasado en contra de Alejandro Parra, el “dentista de los famosos”, quien le realizó un tratamiento dental que lo dejó con una grave infección generalizada, un grupo de parlamentarios encabezados por el diputado DC miembro de la Comisión de Salud, Carlos Olivares,  presentaron un Proyecto de Ley que endurece las penas en contra de falsos odontólogos.

Así entonces cuando se apruebe el proyecto, quienes trabajen en el área de la odontología sin tener su título universitario, podrían sufrir penas que van de los 3 años y 1 día hasta los 5 años de presidio, sin derecho a libertad.

Con tenida formal, “El Flaco” llegó temprano junto a Eduardo Arévalo, abogado de Problemas.cl, hasta el Congreso Nacional donde compartió con los diputados, que agradecieron a Paul Vásquez por denunciar ante la justicia a Alejandro Parra.

"Una vez que se apruebe en la Cámara el proyecto, esperamos que nunca más alguien vuelva a pasar por una situación tan delicada como lo que le sucedió a Paul”, declaró el diputado Olivares.

“Estoy muy agradecido de que mi caso haya servido para que los diputados hayan visto lo peligroso que puede ser para una persona ser atendido por alguien que no haya estudiado la carrera, y más encima falsifica un diploma para convencer a los pacientes que es serio” afirmó “El Flaco”.

Los diputados que tomaron parte del proyecto de ley son los diputados Carlos Olivares, Osvaldo Palma, Mario Venegas, Jaime Mulet, Jorge Sabag, Pedro Araya, Carlina Goic, Eduardo Díaz, Alejandra Sepúlveda  y Sergio Ojeda.

Cabe recordar, que Alejandro Parra, el “dentista de los famosos”, atendió entre otros a  la cantante  Palmenia Pizarro, artistas del programa Rojo, y Gonzalo Cáceres. De ellos el más perjudicado fue ”El Flaco” quien se querelló por el delito de ejercicio ilegal de la profesión de dentista, y de cuasidelito de lesiones menos graves.

En tanto su hermano Fernando Parra, habría actuado como cómplice al facilitarle su consulta particular y las boletas para emitir los presupuestos a sus “pacientes”. Producto de esta acción, la Policía de Investigaciones de Las Condes les confiscó los instrumentos médicos que tenían en su consulta de Salvador, además de fichas clínicas que quedaron en poder de  la Justicia.