Delegación de la ONU plantea preocupación por envío de ex militares chilenos a Irak

SANTIAGO.- Las empresas chilenas lideran el envío de ex militares a territorios en conflicto, según hizo ver ayer a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, el Grupo de Trabajo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la utilización de mercenarios, de visita en Chile.

Luego de reunirse con las autoridades del Poder Judicial y del Gobierno, el presidente del grupo, José Luis Gómez del Prado, expuso ante los miembros de la Comisión de Derechos Humanos para explicarles que la investigación que realiza en Chile pretende informar a los dos órganos principales de la ONU en materia de Derechos Humanos si es que existen casos en la justicia; determinar el número de personas que prestan estos servicios, y conocer la postura del Gobierno para legislar sobre este tema.

El grupo pretende que Chile ratifique la Convención Internacional contra el Uso de Mercenarios, que es la que da la norma sobre el reclutamiento y utilización de ex militares, guardias de seguridad y contratistas para enviarlos a zonas de conflicto armado de manera ilegal.

"Estas empresas aprovechan los vacíos jurídicos para operar en todos los continentes. Las personas que envían (a Irak o Haití) van a cumplir labores militares, pueden disparar a diestra y siniestra y están a cargo de los convoyes. Es decir, se les contrata como soldados que van a una guerra y ni siquiera se respetan las leyes laborales", declaró Gómez del Prado.

Ante esto, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Iván Paredes, expresó que "Chile debe legislar en función de controlar y prohibir este tipo de actividad, que la desarrolla gente que lucra a costa de poner en riesgo la vida de personas que en muchos casos por una necesidad económica terminan siendo mercenarios y trabajando a sueldo para empresas camufladas".

"Nuestra comisión puso especial atención a esta delegación de la ONU y una de las cosas que nosotros podemos hacer es un proyecto de Ley donde este tipo de actividad sea sancionada como delito, con penas drásticas, porque no puede ser que Chile haga noticias por este tipo de prácticas", enfatizó el diputado PS, Iván Paredes.