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Santiago: Viernes 27 de septiembre del 2024 | Actualizado 07:44
BUENOS AIRES.- El embajador chileno en Buenos Aires, Luis Maira, figura en la lista de 14 representantes diplomáticos sobre los cuales la Justicia argentina solicitó informes a la Cancillería local, por su presunta participación en un fraude de comercialización de automóviles.
El juez Norberto Oyarbide investiga un presunto fraude con la comercialización de vehículos ingresados al país para uso diplomático, por lo que requirió al ministerio de Relaciones Exteriores informes de los embajadores de Chile, Perú, Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay, Nigeria, Pakistán, Armenia, Marruecos, Bielorrusia y Rusia.
Oyarbide solicitó a la Cancillería corroborar las identidades y la condición laboral actual de estos diplomáticos, por su posible participación en el presunto fraude en el uso de franquicias, para ingresar vehículos al país libres de impuestos.
La lista también incluye otros nombres, entre ellos los cónsules Jaime Alejandro Castañeda, de Bolivia, y María Elvira Musetti, de Uruguay.
El fiscal del caso, Luis Comparatore, había solicitado al juez que pidiera a la Cancillería datos de estos diplomáticos, como también que librara una orden de incautación sobre los automóviles bajo sospecha, petición a la que el magistrado no dio lugar de momento.
Oyarbide solicitó además al Registro Nacional Automotor que informe las identidades de los actuales propietarios de los 98 vehículos investigados y de apoderados locales que pudieron tramitar la nacionalización de los mismos entre 2004 y 2007.
El caso fue iniciado por una investigación interna dispuesta por el propio canciller argentino, Jorge Taiana, que descubrió irregularidades en el Departamento de Franquicias del Ministerio de Relaciones Exteriores y las denunció ante la Justicia el lunes pasado.
El martes, la Aduana también denunció ante otro magistrado presuntos casos de contrabando y violación de normas sobre comercio de automóviles que involucran a unos 40 diplomáticos extranjeros.
Los diplomáticos deberán gestionar una autorización especial para poder sacar sus vehículos del país, dispuso además la Aduana con el aval del juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky.
Al cabo de una auditoría, la Cancillería descubrió los presuntos ilícitos cometidos por un funcionario de la oficina encargada de las franquicias para la importación de automóviles destinados a diplomáticos.
En tanto, la Aduana presentó su denuncia para deslindar su responsabilidad en el ingreso libre de impuestos de los vehículos para diplomáticos, que es autorizado por la Cancillería como disponen normas internacionales en esa materia.
El precio de los automóviles ingresados bajo ese régimen resulta un 58 por ciento más barato, debido a la exención de impuestos.
Las leyes argentinas, que castigan el contrabando con penas de dos a ocho años de prisión, establecen que los diplomáticos deben esperar nueve meses para poder vender sus automóviles importados, además de acreditar más de un año de residencia en el país.
También disponen que los funcionarios extranjeros tienen un tope de 60 mil dólares para importar vehículos y que el ingreso de este tipo de automóviles es para uso diplomático.
Las investigaciones involucran vehículos lujosos cuyo valor supera el tope fijado y que fueron vendidos antes de que se cumplieran los plazos legales, lo que supone grandes ganancias para los vendedores.
