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Santiago: Viernes 27 de septiembre del 2024 | Actualizado 14:13
SANTIAGO.- La Cámara de Duiputados aprobó hoy por 101 votos a favor el proyecto de ley que establece más controles al gasto electoral y normas tendientes a evitar la intervención electoral de funcionarios públicos y de gobierno.
La iniciativa, que modifica la Ley Nº 19.884, fue devuelta a la Comisión de Gobierno Interior para que se analicen las indicaciones recibidas.
El proyecto dispone, en el marco del gasto electoral, que se presumirá que toda propaganda que se refiera a una determinada persona, ha sido ejecutada en su nombre y bajo su responsabilidad.
También establece que los gastos menores y frecuentes de campaña, salvo que se acredite lo contrario, representen el 20% del límite de los gastos autorizados al candidato. Los candidatos no estarán obligados a rendir documentadamente estos gastos, salvo que excedan el porcentaje.
Asimismo, se establece que los trabajos esporádicos que se presten a las candidaturas, no darán origen a relación electoral para ningún efecto legal. Los candidatos deberán dar estricto cumplimiento a las normas vigentes en materia laboral y previsional respecto de las personas que presten servicios permanentes de dirección, secretaría u otros similares.
Los candidatos no podrán efectuar erogaciones o donaciones que consistan directa o indirectamente en el pago de los servicios de consumos básicos (electricidad, agua potable o gas), ni aquellas que tengan por objeto la entrega de alimentos u otros bienes o especies, que tengan como destino final los electores.
La infracción a esta prohibición se sancionará con una multa equivalente a cinco veces el valor de las especies entregadas o de los consumos pagados. En todo caso, en la cuenta de ingresos y gastos respectiva deberán considerarse dichos desembolsos.
El director del Servicio Electoral, en tanto, deberá dar cuenta al Ministerio Público de las sanciones que aplique, para que se inicie la investigación destinada a acreditar la eventual comisión de delitos.
La arista más política del caso Publicam fue la incorporación de facturas falsas en rendiciones de cuentas de gasto electoral ante el Servel. La indagación está prácticamente agotada, y sólo se llegó a condena en el caso del administrador electoral del senador PPD Guido Girardi. Se trata de Ricardo Farías, quien fue condenado a 541 días de presidio remitido y a una multa de 21 UTM ($730 mil). En este caso se indagaron a fondo las rendiciones de gasto electoral de las candidaturas de los RN Sebastián Piñera y Lily Pérez, y de la diputada PPD Carolina Tohá.
