Comisión Interamericana de DD.HH. declara admisible denuncia de jueza Atala

SANTIAGO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la denuncia de discriminación por orientación sexual, originada en el fallo de la Corte Suprema que le quitó a la jueza chilena Karen Atala la tuición de sus tres hijas, debido a que, por su opción sexual, no les aseguraba un ambiente familiar normal.

La denuncia ante la CIDH fue presentada en noviembre de 2004, seis meses después de una decisión del máximo tribunal de justicia basada en el supuesto perjuicio al bien superior de las tres hijas de la jueza ocasionado por la convivencia de ésta con su pareja homosexual.

En su calidad de denunciantes ante la CIDH, la Corporación Humanas, el Centro de DD.HH. de la Universidad Diego Portales y Libertades Públicas Asociación Gremial, dieron a conocer la decisión del organismo interamericano, en cuyo informe se establece la posibilidad de que el Estado chileno haya violado la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a través de una resolución judicial que vulnera las garantías que protegen la igualdad, la vida privada y familiar, el debido proceso y los derechos del niño.

El dictamen de la CIDH desestimó la argumentación del Estado que, a través de la Dirección de DD.HH. de la Cancillería, solicitó la inadmisibilidad de la denuncia y defendió la resolución de la Corte Suprema, asegurando que se basaba en el interés superior de las niñas.

Según revela el informe de admisibilidad, la Cancillería sostuvo que la convivencia de la madre con una pareja del mismo sexo "se estimó inconveniente para la formación y riesgoso para el desarrollo de las menores en el actual contexto de la sociedad chilena".

Las denunciantes dijeron lamentar que a través de su defensa, "el Gobierno reivindique un fallo judicial que discrimina contra las madres y padres homosexuales, al distinguir de manera arbitraria e irrazonable entre la habilidad de padres heterosexuales y homosexuales para cuidar a sus hijos adecuadamente".

Indicaron que durante casi dos años, las organizaciones peticionarias y el Estado intentaron llegar a un acuerdo de solución amistosa, frustrado por la negativa del gobierno a reconocer la responsabilidad del Estado en este caso, requisito mínimo para cualquier acuerdo de este tipo.

Las organizaciones indicaron que el país podría enfrentar una nueva condena por violar la Convención Americana sobre DD.HH., después de los casos por la censura a la Última Tentación de Cristo; la trasgresión del Comité de Inversiones Extranjeras al libre acceso a la información; la censura al autor de un libro sobre secretos de inteligencia y la aplicación de la Ley de Amnistía en el caso del detenido desaparecido Luis Almonacid.

Anunciaron que en la etapa del proceso que ahora se inicia pedirán a la CIDH que apruebe el informe de fondo y lo presente ante la Corte Interamericana se DD.HH. para que se establezca la responsabilidad del Estado por la violación de derechos garantizados.