SANTIAGO.- Luego de la descoordinación administrativa que impidió que el ex funcionario de la PDI, Héctor Guzmán, declarara ante la Fiscalía por el caso de la red de prostitución de menores en Valparaíso, el Tribunal porteño acogió las medidas cautelares propuestas por el Ministerio Público y por el Consejo de Defensa del Estado, para evitar que el ex detective vuelva a salir del país.
Tras la audiencia de hoy, Guzmán –quien no sólo denunció el caso, sino que también fue formalizado por facilitación a la prostitución, obtener servicios sexuales de menores, ocultamiento de documentos y falsificación de instrumento público- quedó con arraigo nacional, con firma semanal y con prohibición de acercarse a las víctimas y sus familiares, según consignó radio Bío Bío.
En tanto, para las once de la mañana de hoy estaba fijada la reunión que Guzmán, junto a su abogado Rubén Jerez, sostendrían con la comisión de Derechos Humanos de la Cámara, para entregar los antecedentes que podrían inhabilitar a los fiscales de la causa, por sus supuesta vinculación con la red.
Respecto a la negativa de Guzmán para declarar ante los fiscales, su abogado ayer explicó que se debe a que los funcionarios del Ministerio Público a cargo de este caso no serían objetivos en la investigación.