Tribunal suspende causa de cohecho contra alcalde de Colina

SANTIAGO.- En el Juzgado de Garantía de Colina se oficializó este jueves la suspensión condicional de la causa penal abierta por la Fiscalía Centro Norte en contra del alcalde Mario Olavarría (UDI) a quien se le investigó por ser el presunto receptor de pagos indebidos para favorecer la instalación de una sucursal de supermercado Tottus en la comuna. 

El Ministerio Público determinó, en esta causa por cohecho, que las penas que arriesgaban los imputados eran muy bajas por lo que no los llevó a juicio. Pero la paralización de esta investigación estuvo sujeta a una serie de condiciones que deberán cumplir por el plazo de 13 meses.

En el caso del jefe comunal, tendrá que fijar domicilio, firmar durante un año ante la fiscalía y abstenerse de recibir dineros que no correspondan a los obtenidos en su condición de empleado público.

Ya en el 2009 Olavarría tuvo que restituir al Estado los $56 millones que habrían sido obtenidos de forma indebida, según se estableció en la indagatoria, dineros que fueron solicitados por la Contraloría.

Las pesquisas determinaron que su asesor Domingo Soto, también imputado en la causa, recibió por parte de los otros dos imputados el técnico Nebil Mansour y el vicepresidente de Falabella Francisco Leyton, una alta suma de dinero.

Esto último en el marco de un supuesto pago de 6.000 UF por la licitación del terreno municipal que tenía en disputa Falabella y otras empresas, que finalmente fue ganado por Tottus. Las diligencias realizadas en la causa presumen que Leyton habría adelantado dinero del concurso directo a la cuenta de Olavarría.

Ninguno de estos cargos quedó formalizado, pues con la suspensión del procedimiento se anula la posibilidad de una condena.

Para los imputados Mansour y Leyton, la fiscalía les pidió que reconstituyan $60 millones, firmen durante el plazo de un año ante la fiscalía y fijen domicilio.

Consultado el fiscal Mauricio Vergara respecto a que este caso mediático finalizara de esta forma, el investigador destacó que "el alcalde no está sólo con firma en la fiscalía, él tuvo que cumplir una resolución de la Contraloría General de la República y debe cumplirla por un año más. En la práctica debió reintegrar todos y cada uno de los dineros que recibió en forma ilícita, según los hechos de la formalización. Estamos hablando de 56 millones de pesos".

Acto seguido se le consultó si acaso ese monto correspondía a coimas, respecto a lo cual el prosecutor sostuvo que "a juicio de l Ministerio Público son dineros ilegítimos. La fiscalía entiende que estamos ante un delito de cohecho y así lo reafirmó ante la Corte de Apelaciones".