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Querellante del caso Woodward acusa ilegalidad de juez al exculpar a acusados

El abogado de la familia del sacerdote anglo-chileno desaparecido desde el buque escuela Esmeralda, reclamará ante la juesticia el que 19 militares contra quienes se dejó sin efecto su procesamiento.

20 de Mayo de 2011 | 14:01 | EFE
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El abogado Boris Paredes.

Macarena Pérez, El Mercurio.

SANTIAGO.- El abogado Boris Paredes, querellante en el caso por la desaparición durante la dictadura del sacerdote Miguel Woodward, dijo hoy a agencia Efe que pedirá la anulación de la resolución dictada por el ministro Julio Miranda, que dejó fuera del proceso a 19 militares que estaban prosesados por este crimen.


Según Paredes, cuando la investigación ya se encontraba cerrada el magistrado dictó una resolución que exculpó a once oficiales y ocho suboficiales de la Armada y Carabineros, dejando así sin efecto los procesamientos que había en su contra.


Por este motivo, el abogado pedirá la anulación de la actuación del ministro Miranda de Valparaíso, quien según se supo este miércoles acusó formalmente sólo a dos oficiales y ocho suboficiales.


El sacerdote chileno-británico Miguel Woodward fue arrestado por miembros de la Armada chilena el 19 de septiembre de 1973 en una población de Valparaíso y conducido a la Universidad Federico Santa María de esa ciudad portuaria, donde fue torturado.


Posteriormente fue trasladado a la Academia de Guerra Naval, donde siguieron torturándolo hasta que, dado su mal estado, fue llevado al buque escuela Esmeralda, donde murió. Su cuerpo jamás fue encontrado.


El abogado querellante Boris Paredes dijo a EFE que "el juez Miranda jamás debió dejar fuera de la acusación a los otros 19 oficiales y suboficiales de la Armada y Carabineros, "pues no tenía antecedentes nuevos para exculparlos y, además, la investigación ya estaba cerrada".


Por ello el abogado presentará en las próximas horas en la Corte de Apelaciones de Valparaíso un escrito para solicitar "la anulación de todo lo obrado por el juez Miranda".


Según Boris Paredes, la premura con la que actuó el magistrado, al borde del plazo legal, hizo que los querellantes (entre los que también figuran el Consejo de Defensa del Estado y el Progde Derechos Humanos del Ministerio de Interior) no tuvieran tiempo para apelar la decisión del magistrado.

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