Gobierno responde a estudiantes y propone desmunicipalización selectiva

SANTIAGO.- En una reunión que se extendió por cerca de dos horas, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, entregó a los dirigentes de los estudiantes y profesores la respuesta a su petitorio para intentar destrabar el conflicto.

El secretario de Estado recibió en su despacho a los líderes de la Confech, de los secundarios (CONES) y al presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, a quienes les entregó un documento que incluye 21 propuestas (Vea aquí el detalle) con las que el Ejecutivo responde a sus demandas.

Entre los principales aspectos que incluye la propuesta se encuentra la desmunicipalización selectiva y gradual de los establecimientos estatales en aquellos municipios que no logren buenos resultados educacionales.

La idea del Ejecutivo es que en estos casos se traspase la administración de los establecimientos a "instituciones públicas autónomas", descentralizadas y fiscalizadas por la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación.

Bulnes detalló que la desmunicipalización debe ser "una alternativa para aquellos municipios que no alcancen estrictos niveles de calidad educativa" y que, por el contrario, "podrán conservar administración pública los municipios que estén entregando una educación de calidad".

Añadió que debido a la relevancia de esta medida, ésta debe ser ampliamente analizada por los distintos sectores -antes de presentar un proyecto de ley el próximo 30 de septiembre- y una vez que se decida se debe implementar de forma gradual, primero en una región del país, para poder analizar su impacto y perfeccionar el modelo.

Educación de calidad como un derecho constitucional

Junto a esto, y tal como había adelantado el Presidente Sebastián Piñera, el Gobierno impulsará una reforma a la Constitución de modo que la calidad de la educación sea considerada una "garantía constitucional".

"Vale decir, (que exista) el derecho a una educación de calidad y el deber del Estado de velar por este derecho", explicó Bulnes. En este tema, sostuvo que "tenemos derecho a una educación de calidad y todas las movilizaciones que tengan ese objetivo están bien inspiradas".

Dicha reforma a la Constitución era una de las principales medidas que solicitaban los estudiantes.

Como una forma de asegurar la calidad, el Gobierno sostuvo que los establecimientos escolares que no cumplan estándares básicos "no van a poder seguir recibiendo ningún tipo de subvención".

Asimismo, se establecerán "estrictos controles en el uso de los recursos fiscales", tanto a nivel escolar como en instituciones de educación superior. En cuanto a estas últimas, Bulnes aseguró que "está en el ánimo" fiscalizar que se cumpla la ley vigente, que establece que "las universidades son corporaciones sin fines de lucro".

En cuanto a la demanda de los estudiantes de que el financiamiento de los establecimientos educacionales se haga sobre la base del presupuesto y no a la asistencia de los alumnos, el Ejecutivo accedió a "aumentar sustancialmente el gasto en subvención escolar" y a que una porción de los recursos que se entreguen se base en la matrícula. De todas formas, aclaró, "la mayor parte" de la entrega de recursos seguirá haciéndose sobre la base de la asistencia.

El Gobierno reafirmó, además, que se reestructurará el sistema de becas y créditos, se hará más exigente el sistema de acreditación de las universidades, se entregarán aportes basales a las universidades estatales y se creará una superintendencia de educación superior.

Al dar a conocer las medidas, el titular de Educación sostuvo que el Gobierno tiene "el ánimo de construir un gran pacto por la educación" y dijo esperar que "haya un proceso reflexivo del documento" por parte de los estudiantes para que puedan continuar en un proceso de diálogo. "Ví una disposición de reflexión" acotó el ministro Bulnes.