Robo de agua en Pampa del Tamarugal: Nuevas diligencias apuntan a directores de minera

SANTIAGO.- Como un importante logro, calificó el fiscal regional de Tarapacá, Manuel Guerra, el que este jueves se clausuraran los 42 pozos de la minera Cosayach y se desinstalara los artefactos con los que presuntamente la empresa de Francisco Javier Errázuriz extrae, de forma ilegal, el agua de la zona de la Pampa del Tamarugal.

Pese a que en esta indagatoria penal, que data de noviembre de 2010, existen dos ejecutivos de esta firma formalizados por estos ilícitos, el jefe del Ministerio Público de Tarapacá explicó a Emol que las nuevas diligencias apuntan a esclarecer quienes son los miembros del directorio que dieron las órdenes de la extracción ilegal de este vital elemento.

"Instruí al fiscal de Pozo Almonte, Hardy Torres, que haga las averiguaciones correspondientes respecto a quienes forman parte del directorio y quienes son las personas que toman decisiones relevantes en Cosayach", sostuvo Guerra.

Asimismo, detalló que en las próximas diligencias "vamos a entrevistar a trabajadores y a dirigentes sindicales, porque si en ese contexto hay otras personas involucradas, ya sea el señor Francisco Javier Errázuriz o cualquier otro, también van a tener que enfrentar la acción de la justicia y van a ser objeto de persecución por parte del Ministerio Público porque lo relevante aquí es quien toma decisiones".

Según la indagatoria y las denuncias, minera Cosayach extrae en la actualidad 400 metros cúbicos de agua por segundo, siendo que tiene autorización para sacar sólo 30 metros cúbicos de agua por segundo.

El perseguidor penal dijo que en un momento establecieron que quienes tomaban las decisiones más directas eran los ejecutivos Carlos Contreras Quispe y Alejandro Puelles, que están formalizados, pero que ahora "nuestro interés es escalar en la cadena de mandos y ver en definitiva quienes detentan el poder y si tuvieron que ver en los hechos, adoptar las medidas que se requieran".

Sobre si el ex senador y candidato presidencia, Francisco Javier Errázuriz, y los miembros del directorio tenían conocimiento de estos hechos, el fiscal Guerra dijo "sin lugar a dudas ellos tienen conocimiento. La idea es ver si también dieron la orden para instalar los pozos o no".

Junto con ello explicó, que esto es un "tema técnico que nosotros debemos definir para ver si tomamos la decisión de formalizar o no. Una vez que tengamos los antecedentes, si es necesario, vamos a formalizarlo a él (Errázuriz) o a las personas que sea".

Baja penalidad

Manuel Guerra explicó que el delito de usurpación de aguas tiene baja penalidad en nuestro país, pero el daño que se puede provocar es enorme, por lo que para ellos como Fiscalía de Chile era vital que se diera curso a la diligencia de hoy en la que se allanó las plantas en que estaban los artefactos que extraían en elemento.

"La penalidad es baja lamentablemente, va de 61 a 540 días de reclusión, pero lo que nosotros perseguimos aquí es obtener el comiso y cierre de los pozos, porque aquí lo que se busca es que el delito no se continúe cometiendo en el tiempo y eso es lo que hicimos", dijo el jefe de Tarapacá.

Una vez que esta indagatoria concluya, y hayan sentencias contra quienes robaron este vital elemento. Todas las comunidades, instituciones o particulares que se hayan visto perjudicados por este actuar delictual, es posible que se demande en sede civil para resarcir económicamente un daño que para algunos es irreparable.