Carabineros acusa "espionaje" tras denuncia de interceptaciones ilegales

SANTIAGO.- Acusaciones cruzadas. En eso se ha transformado el denominado caso de las supuestas escuchas ilegales por parte de Carabineros, que parlamentarios y abogados denunciaron hace algunos meses luego que un ex miembro de esa institución asegurara que personal de la Dipolcar habría captado, grabado y reproducido conversaciones telefónicas de miembros del Congreso Nacional.

Si bien, el caso actualmente lo investiga el fiscal regional de Valparaíso Pablo Gómez ahora -según un informe de Carabineros al cual tuvo acceso Emol- se abrió otra investigación luego que la policía uniformada le solicitara a la Fiscalía Nacional que indague un posible delito de "espionaje" tras estas acusaciones de interceptación ilegal.

La denuncia ante el Ministerio Público fue presentada por la Dirección de Inteligencia de Carabineros de Chile (Dipolcar), según consta en el informe que éstos le remitieron a la Corte de Apelaciones de Santiago en el marco de un recurso de protección presentado por el senador del MAS Alejandro Navarro.

"Con el objeto de aclarar las imputaciones proferidas por los denunciantes, la Dipolcar interpuso una denuncia a fin de que se investigue los hechos denunciados por los recurrentes, pues dieron a conocer (en la denuncia) determinada información como vehículos y equipos de comunicación, cuya obtención, por el carácter de secreto de dichas especies, pudiera constituir la comisión de los delitos de "espionaje" previsto en el artículo 252 N°3 del Código de Justicia Militar", dice el documento.

En julio pasado el ex sargento Esteban Infante denunció ante la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados que la policía uniformada interceptó llamadas de los diputados Guillermo Teillier, Hugo Gutiérrez, Sergio Aguiló y los senadores Alberto Espina y Alejandro Navarro.

Por toda esta información entregada por el ex uniformado, la institución dice que también se podría estar ante el ilícito de "grabación y reproducción de conversaciones telefónicas de carácter privado", previsto en el artículo 161-A del Código Penal o "procedimientos ilegales en la obtención de información" de la Ley sobre el Sistema de Inteligencia del Estado.

El ex sargento Infante fue quien por primera vez involucró al general Eduardo Gordon en la presunta intervención del alto mando en el cambio de un parte por un accidente que había sido protagonizado por su hijo, lo que derivó en serios cuestionamientos y la salida de la institución "por razones de salud" de quien entonces era el general director de Carabineros.

Los hechos fueron denunciados por Carabineros también al Segundo Juzgado Militar, entidad a la que le pidieron que investigue si quienes los denunciaron por supuestas intervenciones quebrantaron la reserva de asuntos de servicio o "divulgaron secretos", hechos enmarcados en la ley marcial.

Esta ofensiva judicial de la policía uniformada, que niega tajantemente haber realizado escuchas ilegales a parlamentarios, deberá ser tramitada por ambas instancias, tanto Ministerio Público como el tribunal militar, hasta establecer si la denuncia de espionaje o las supuestas intervenciones tienen a un responsable o no.