La senadora Lily Pérez, protagonista en la discusión sobre el lucro en la educación.
Álex Moreno, El Mercurio
SANTIAGO.- El Senado aprobó en general el proyecto de ley que busca prohibir que las instituciones educacionales con fines de lucro reciban aportes estatales.
La decisión fue adoptada con 22 votos a favor y 12 en contra. Entre los parlamentarios que dieron su asentimiento se cuentan los senadores Lily Pérez y Antonio Horvath (RN), pese a que la idea ha sido rechazada por el oficialismo.
La senadora de Renovación Nacional ha insistido en su oposición a la entrega de aportes estatales a instituciones con fines de lucro, y planteó la necesidad de eliminar los "subterfugios legales" mediante los cuales esta práctica se "enquistó" en la educación chilena, como el uso de inmobiliarias para realizar triangulaciones de recursos.
Dentro de su mismo sector, Pérez ha enfrentado críticas debido a su postura.
Quienes se oponen a la norma en estudio, como el senador Hernán Larraín (UDI), argumentan que una institución que persiga fines de lucro puede participar en una actividad como la educativa y recibir subsidios estatales por ese servicio.
Larraín reconocíó, no obstante, la necesidad de crear un órgano fiscalizador que regule el funcionamiento de tales entidades.
El parlamentario también advirtió el riesgo que el mismo principio de oposición al lucro se extienda a la salud, lo que, a su juicio, podría poner en riesgo el plan Auge.
Protección de la educación pública
El proyecto debe ser analizado ahora en particular. La sala fijó el lunes 5 de marzo como plazo para presentar indicaciones.
La moción había sido originada por los senadores Juan Pablo Letelier (PS), Carlos Bianchi, Carlos Cantero (independientes), Camilo Escalona (PS) y Jaime Quintana (PPD).
Según Letelier, el objetivo de la propuesta es permitir la coexistencia de entidades con y sin fines de lucro en el sistema educacional chileno, pero con la garantía que sólo los segundos reciban aportes estatales, como una manera de proteger a la educación pública.
Bianchi, en tanto, ha manifestado que la educación debe ser vista "como un bien público y no como un bien de transacción en el mercado".
Pese a que el proyecto fue presentado en agosto del año pasado, sólo con la llegada de 2012 hubo un avance concreto en su tramitación parlamentaria.
