Héctor Yáñez, El Mercurio
SANTIAGO.- Un muestreo efectuado por la Contraloría sobre el 21% de los municipios y las corporaciones municipales de educación que recibieron recursos encuadrados en la Subvención Escolar Preferencial (SEP) arrojó una abultada cifra de gastos objetados, rechazados o aplicados a fines distintos a los relacionados con el mejoramiento de la calidad de la educación.
Dichos desvíos y montos cuyo destino no figura aclarado ascienden a más de 25.560.603 millones de pesos, equivalentes a unos 53,6 millones de dólares.
La Ley SEP tiene como objetivo entregar recursos destinados a apoyar a los establecimientos que acogen a alumnos definidos como prioritarios -debido a sus las deficientes condiciones económicas y sociales que presentan-.
La Contraloría llevó a cabo la auditoría en 77 municipalidades y 28 corporaciones municipales. El análisis abarcó el período comprendido entre enero de 2010 y junio de 2011.
El muestreo comprobó que en varios casos, los dineros correspondientes a la Ley SEP fueron utilizados para financiar otros gastos municipales.
Entre los problemas detectados se cuentan rendiciones en las que no coinciden "los valores gastados con el total rendido", y rendiciones rechazadas u objetadas que ascienden a cerca de 6.609 millones de pesos (equivalentes a casi 14 millones de dólares), según consigna el diario "La Segunda" en su edición de hoy.
Al mismo tiempo, el Ministerio Público mantiene abiertas seis causas, y otras seis son sostenidas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) para pesquisar supuestos desvíos de fondos ligados a la subvención preferencial, según el vespertino.
De acuerdo al informe emitido por la Contraloría, en 37 municipios y 15 corporaciones de educación municipal "no contaban con los excedentes asociados a la subvención que deberían estar disponibles en las respectivas cuentas corrientes, por a lo menos $13.740.781.387 y $11.819.822.533, respectivamente, lo cual deja de manifiesto que tales entidades aplicaron tales recursos en fines distintos de los previstos en la ley".
Al mismo tiempo, advierte, "en diversos casos se comprobó que los recursos fueron aplicados a gastos operacionales propios de las entidades visitadas. Ello ha dado origen a diversas causas penales".
Según el organismo fiscalizador, a partir de información entregada por el Ministerio de Educación sobre gastos objetados y rechazados de los años 2008 y 2009, en 60 municipalidades fiscalizadas fue objetado nada menos que el 16,8% de los montos rendidos.
En 24 corporaciones municipales, en tanto, la proporción de montos objetados llegó al 20,1% en el mismo período.
El documento también consigna numerosos casos en los que los bienes adquiridos mediante la ley SEP no se encontraban en dependencias municipales o no fueron encontrados durante la fiscalización.
