SANTIAGO.- Mil millones de pesos como indemnización deberá pagar el fisco chileno a los familiares de Ramón González Ortega, ejecutado el 30 de octubre de 1973, en el polígono del Regimiento Caupolicán de Porvenir.
Así lo estableció el juez del Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago, Pedro García Muñoz, quien ordenó al Estado a pagar $200.000.000 a la cónyuge y los cuatro hijos, respectivamente.
La sentencia determina la responsabilidad del fisco en la muerte del hombre, quien fuera fusilado junto a otras tres personas, en un caso en el fueron condenados tres personas por la Corte Suprema, en marzo de 2010.
"Que, por lo reproducido, aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6° de la Constitución Política, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República", señala el fallo.
Y agrega: "Considerando además lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que señala que 'el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado'".
Además, se determina que -de acuerdo a los tratados internacionales suscritos por Chile- corresponde el pago de las indemnizaciones respectivas a víctimas de violaciones a los derechos humanos.