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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 07:24
SANTIAGO.- El presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros, aseguró este viernes que participará del acto de desagravio en favor de la jueza Karen Atala, ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado chileno por discriminar a la magistrada por su condición sexual luego de que el máximo tribunal le quitara la tuición de sus tres hijas el año 2004.
El ministro agregó su asistencia es a título personal y que Atala ya está al tanto de su decisión.
En marzo, el tribunal internacional falló de manera unánime en contra de Chile en el caso presentado por la jueza, tras considerar que el Estado es "responsable por la violación al derecho a la igualdad y la no discriminación", tanto en el caso de la magistrada como en el de sus hijas.
La causa fue planteada tras un proceso judicial planteado en Chile en 2003 que resultó en el retiro del cuidado y custodia de las hijas de Atala.
La demanda había sido interpuesta por el padre de las niñas, Jaime López, quien argumentó que la orientación sexual de la magistrada -quien se define como lesbiana- y la convivencia que mantenía con otra mujer podrían afectar el desarrollo de las menores.
Tras un largo conflicto judicial, la Corte Suprema acogió en 2004 un recurso extraordinario de queja interpuesto por López y revocó los fallos de los tribunales inferiores que favorecían a Atala.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos acogió el caso, que luego fue elevado a la consideración de la Corte, cuya decisión final fue conocida este martes.
Atención gratuita
De acuerdo a la sentencia de la CIDH, el Estado chileno deberá brindar "atención médica, psicológica y psiquiátrica gratuita y de forma inmediata, adecuada y efectiva, a través de sus instituciones públicas de salud especializadas, a las víctimas que así lo soliciten".
También deberá efectuar la publicación de la sentencia en el plazo de seis meses, en el Diario Oficial de Chile y en un diario de circulación nacional, junto a un acto de reconocimiento público "de responsabilidad internacional por los hechos del presente caso".
Del mismo modo, el dictamen impone implementar, en un plazo razonable, programas y cursos permanentes de educación y capacitación dirigidos a funcionarios públicos a nivel regional y nacional y, particularmente, a funcionarios judiciales de todas las áreas y escalafones de la rama, así como "pagar determinadas cantidades por concepto de indemnización por daño material e inmaterial y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda".
