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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 08:30
El productor Jaime Román fue imputado por el delito de obtención de servicios sexuales de menores. La Fiscalía, en la acusación, pidió una pena de siete años.
El MercurioSANTIAGO.- Después de varias negociaciones con su defensa -encabezada por el abogado Matías Balmaceda- finalmente la Fiscalía Sur llevará a juicio abreviado al productor Jaime Román, uno de los 17 imputados involucrados en una supuesta red de explotación sexual infantil que operaba en el centro de Santiago y que fue desbaratada en noviembre pasado, en el marco de la denominada Operación Heidi.
Así lo confirmaron a Emol fuentes ligadas al caso, quienes detallaron que le se ofreció dicho beneficio a cambio de que reconozca los hechos, es decir, obtención de servicios sexuales de menores respecto de siete víctimas en carácter de reiterado.
Con esto, el Ministerio Público le reconocerá el atenuante de colaboración sustancial y por tanto, Román obtendrá una rebaja en la pena.
El acuerdo se concretará en la audiencia fijada para el próximo 24 de junio, instancia en la que además se discutirán las pruebas que serán llevadas a juicio oral en contra del resto de los acusados cuyas penas de crimen superan los cinco años de cárcel.
Una vez finalizado el proceso, serían ocho los imputados que han enfrenado juicios abreviados y -hasta hoy- no se descarta que otros dos clientes, Diego Méndez y Daniel Opazo, acepten una salida alternativa.
El pasado 23 de mayo, en tanto, el Ministerio Público presentó ante el Séptimo Juzgado de Garantía la acusación en contra del ex productor de TVN y otros nueve imputados. En el documento, la Fiscalía Sur pidió una pena de siete años para el profesional.
El acuerdo entre las partes
En diciembre pasado la Fiscalía Sur inició las primeras negociaciones con las defensas con miras a lograr juicios abreviados, sin embargo, en esa oportunidad tanto el Ministerio Público como el abogado de Román descartaron dicha posibilidad.
Según había argumentado Balmaceda, la intención de su representado era llegar hasta el juicio oral con el objetivo de probar su inocencia. La Fiscalía, por su parte, enfatizó que jurídicamente"no era posible" un procedimiento de esa naturaleza debido a la penalidad del delito imputado.
