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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 07:24
El abogado Pedro Muñoz Aburto ejerce en la Cámara Alta por la región de Magallanes.
El MercurioSANTIAGO.- El senador del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta, Pedro Muñoz, acusó falta de información y dificultades en los procedimientos de notificación y devolución de impuestos mal retenidos a trabajadores y ex trabajadores portuarios, según lo aprobado en la ley 20.661.
El cuerpo legal, fruto de un acuerdo del sector con el Gobierno, busca restituir el impuesto único de segunda categoría que les había sido retenido en forma excesiva durante largos años, por efecto de la errada aplicación de las tablas de cálculo.
La ley estableció un procedimiento mediante el cual la Tesorería General de la República calcularía las sumas que correspondería devolver a cada trabajador, según los antecedentes de que dispusiera, lo que se comunicaría a cada interesado, iniciándose un período de reclamo, si el trabajador no estuviera de acuerdo con la suma estimada.
El senador explicó que se han suscitado serias dificultades en la aplicación de esta ley partiendo por las falencias para difundir su contenido. "Lamentablemente, no ha habido una información clara y, hasta hoy, muchos trabajadores no han logrado conocer adecuadamente ni la propia existencia de la ley ni los procedimientos", sostuvo Muñoz.
Por otra parte, el parlamentario socialista afirmó que el mecanismo de reclamo ha resultado engorroso, toda vez que se solicitan diversos documentos probatorios que a los trabajadores y ex trabajadores portuarios les ha sido demasiado difícil obtener, tales como certificados de empresas hoy inexistentes o copias de nóminas emanadas de la Directemar.
Por lo anterior, Muñoz solicitó al ministro del Trabajo, Juan Carlos Jobet, analizar la situación, con el objeto de adoptar, a la brevedad, las medidas que permitan resolver estos problemas para que los trabajadores puedan recibir las devoluciones que les corresponden.
El senador Muñoz no descartó la posibilidad de que se deba dictar una modificación rápida a la ley para extender los plazos y flexibilizar el procedimiento de apelación.
