En la foto, el carabinero Juan Peña Barrera.
Luciano Riquelme, El MercurioSANTIAGO.- Tres condenas por manejo en estado de ebriedad y una con resultado de daños tiene a su haber el sargento de Carabineros, Juan Eduardo Peña Barrera, quien fuera arrestado ayer miércoles como parte de una banda que se dedicaba a clonar vehículos robados para su posterior venta, en la capital.
Así se informó esta jornada durante la audiencia de control de detención contra la organización, en la que también estaba involucrada la funcionaria de la oficina del Registro Civil de Lo Prado, Nancy Vera Pardo, y que fue llevada a cabo por el fiscal Jaime Retamal de la unidad de Alta Complejidad de la zona Centro-Norte.
Junto con revelar que Peña mantenía esos antecedentes penales, el persecutor también detalló que éste retiraba las constancias de extravío de patentes desde la tenencia "Rivera López" de la comuna de La Granja.
Después las entregaba al supuesto líder del grupo, Juan Hidalgo Piel, quien con las constancias en su mano, Hidalgo acudía donde trabajaba Nancy Vera -que es su suegra y vive con él en el mismo domicilio-, la que le entregaba las placas que posteriormente eran instaladas en vehículos con su chasis adulterados o borrados (clonado) para venderlos.
"Es parte de la investigación la forma en que él lograba retirar las constancias. También se va a indagar si es que hubo un procedimiento irregular tanto cuando se hizo las constancias, como cuando se retiraron. A lo menos falló algún tipo de control porque debió haberse exigido alguna documentación", sostuvo Retamal.
Junto con lo anterior, el fiscal anunció que se indagará si es que hay más funcionarios policiales involucrados, sin perjuicio de que hasta ahora no se han encontrado antecedentes que den cuenta de ello.
Por su parte, el abogado Percy Velásquez, defensor del funcionario policial, aseguró que en el tiempo en el que ocurrieron los hechos (entre 2011 y 2012), éste no era parte de Carabineros, ya que había sido alejado de sus funciones por tres años, debido a una investigación administrativa en su contra.
La indagación -cuyo motivo no fue informado- terminó este año cuando la Contraloría General de la República ordenó su reintegro a las filas. Así, según el jurista, su representado sólo actuó como "estafeta" para la banda, pero "en ningún momento utilizó su calidad de carabinero para realizar esa función".
Pese a ello, el juez Sergio Padilla, del Quinto Juzgado de Garantía de Santiago, estimó que debido a sus antecedentes representaba un peligro para la sociedad, dejándolo en prisión preventiva.
Junto a Peña quedaron privados de libertad Rubén Aguirre y Alfredo Carrasco, porque también tenían causas penales previas.
Mientras que el magistrado dejó en libertad, pero con firma semanal y arraigo nacional a la funcionaria del Registro Civil, al supuesto líder Juan Hidalgo y a Francisco Dollenz.
Lo anterior debido a que consideró que con los antecedentes entregados por el fiscal no se daba por acreditado el delito de asociación ilícita por el que fueron formalizados, pero sí los de uso malicioso de instrumento privado y de receptación.
Finalmente, el juez Padilla dio un plazo de 90 días a la fiscalía para terminar la investigación.