Abogado Alejandro Peña, defensor de uno de los policías acusados.
El Mercurio (Archivo)SANTIAGO.- El Tribunal Oral en lo Penal de Arica condenó en costas a la Fiscalía luego de la absolución de los cuatro ex efectivos de la unidad antinarcóticos de Carabineros de la ciudad y tres civiles que fueron acusados de tráfico de drogas, asociación ilícita y falsificación instrumental.
Así lo dieron a conocer los magistrados Héctor Gutiérrez, Macarena Calas y Carlos Rojas en la sentencia leída ayer, por estimar que "resulta inexplicable la actitud del persecutor y querellantes en este juicio pues las mismas han pretendido una condena penal en un procedimiento de legalidad cuestionada que denota una torcida investigación".
Por ello, los sentenciadores condenaron también al pago de los costos del juicio -como solicitaron las defensas tras conocer el resultado del juicio oral- al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio del Interior, querellantes en la causa.
Para el abogado Alejandro Peña, defensor de uno de los policías acusados, la consideración del tribunal "es muy grave" ya que según detalló a Emol "da cuenta de un notable abandono de funciones por parte de la Fiscalía y que fueron situaciones que desde el inicio de este proceso planteamos".
Veredicto
El pasado 19 de diciembre, en fallo unánime, los jueces absolvieron a los siete acusados al no llegar a la convicción para establecer la participación de los mismos en hechos relacionados con dos decomisos de droga cuestionados por el Ministerio Público y que se realizaron durante 2013.
El ente persecutor penal -que pidió penas que en total suman 164 años de presidio- intentó acreditar que los ex funcionarios policiales habrían planificado en dos oportunidades la internación de dos cargamentos de droga al país para posteriormente montar procedimientos de incautación flagrantes y con apariencia de legalidad en la frontera.
Para ello, de acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los ex policías habrían elaborado partes policiales falsos y realizado entregas controladas de droga sin la autorización del Ministerio Público.
Todo ello, sin embargo, fue descartado por el tribunal por estimar que las pruebas exhibidas no logran establecer la participación de los imputados en los delitos descritos en la acusación fiscal, cuestionando a su vez, el actual de los investigadores.