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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 02:07
SANTIAGO.- Al menos diez razones son las que la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones (Uciex) de la Fiscalía Nacional aludirá para insistir en que la chilena presuntamente involucrada en el megafraude que afectó al Instituto de Seguridad Social de Honduras -y que supera los US$150 millones- sea juzgada en ese país y no en Chile, como lo ordenó el ministro instructor Hugo Dolmestch.
Entre los argumentos que este jueves serán expuestos ante la Sala Penal de la Corte Suprema por el jefe de dicho departamento, abogado Eduardo Picand, de mantenerse la decisión del magistrado, tendrá que abrirse una nueva investigación penal para indagar -paralelamente con la que ya existe- el lavado de dinero cometido en Tegucigalpa, lo que convertiría a ese juicio oral en el más largo de la Reforma Procesal Penal pues la justicia hondureña ya advirtió que son al menos 300 testigos y 70 peritos los que serán ofrecidos como medio de prueba para acreditar los hechos.
El pasado 12 de febrero, Dolmestch dio a conocer el fallo tras el juicio que buscaba la expulsión del país de la mujer, quien permanece en prisión preventiva desde noviembre del año pasado. En esa oportunidad, el juez aceptó extraditar a Ciuffardi, pero ordenó que sea juzgada en Santiago.
Esto último fue apelado por el Ministerio Público, que representa los intereses del gobierno del país centroamericano luego que éste solicitara a la justicia chilena que Natalia Ciuffardi -ex pareja del principal imputado en la causa, Mario Zelaya- fuera juzgada en su territorio por el delito de lavado de dinero en septiembre próximo.
Antecedentes
De acuerdo a peritos hondureños que prestaron declaración en el juicio de extradición en Santiago, Ciuffardi compró en Honduras tres propiedades por un monto total de US$ 392.979. Dicho antecedente se suma a los reunidos por el fiscal sur Omar Mérida -a cargo de la primera parte de la indagatoria que ahora está radicada en la Fiscalía Centro Norte- que establecen la existencia de comprobantes de ingresos de dinero que acreditan que la chilena participó de la sustracción directa de dineros fingiendo ser consultora internacional.
La investigación también estableció que Ciuffardi compraba propiedades y vehículos a su nombre, llegando en un solo día a adquirir en Chile dos departamentos.
De la misma manera, habría desembolsado gran cantidad de dinero en vehículos nuevos, una casa en la playa y la propiedad en la que vive con su familia en la comuna de Puente Alto, todo avaluado en cerca de $300 millones que no fueron posibles de justificar ya que la imputada no tiene registrada iniciación de actividades.
