Fiscales critican decisión del TC sobre SQM: "Se transforma en instancia paralela"

SANTIAGO.- Una dura crítica planteó este martes la Asociación de Fiscales sobre la decisión adoptada por la Segunda Sala del Tribunal Constitucional (TC), que acogió a trámite un recurso de inaplicabilidad y paralizó diligencias relacionadas con la llamada arista SQM del caso Penta.

El presidente de la entidad gremial, Claudio Uribe, consideró que con esa determinación, el organismo "ingresa al ámbito de atribuciones de los jueces de Garantía y se transforma en una verdadera instancia paralela a la de aquellos que están llamados por la ley y la Constitución para velar por los derechos fundamentales de las personas en un proceso penal".

"Se creó una situación extraordinariamente compleja", estimó, en una entrevista concedida a radio Digital FM.

Según el dirigente de los fiscales, la decisión del TC, "con los fundamentos que se conocen hasta el momento, puede desquiciar absolutamente el sistema penal y puede abrir una ventana para la paralización de todos los procesos judiciales".

Uribe recalcó que en nuestro proceso penal "quien debe velar precisamente por las garantías fundamentales en un proceso penal son los jueces de Garantía".

Del mismo modo, recordó que el Ministerio Público cuenta con atribuciones para llevar adelante su labor de investigación.

"Lo que está pasando acá es que, derechamente, el TC está entrando al Centro de Justicia, por decirlo de alguna manera, y está interviniendo directamente en los procesos", explicó el dirigente.

"No digo que el Tribunal Constitucional en general no sea una herramienta legítima. Lo que pasa es que en la lógica del sistema procesal penal no se entiende, porque las funciones que podría cumplir aquí el TC ya las cumplen los jueces de Garantía", agregó.

Este martes, la Segunda Sala del Tribunal Constitucional acogió a trámite el requerimiento presentado por el abogado Samuel Donoso, en representación del ex gerente general de SQM Patricio Contesse, que buscaba detener la realización de diligencias.

Así, la realización de diligencias que incluyan incautación de elementos quedará congelada hasta el 25 de marzo próximo, cuando se realizará una audiencia que definirá la admisibilidad del recurso.

El Ministerio Público buscaba tener acceso a la información contable de la minera entre los años 2009 y 2014, dentro de las pesquisas para investigar el posible financiamiento irregular de campañas políticas, un caso que involucra a figuras políticas de distintos sectores.