Contraloría establece que video del Gobierno sobre reforma tributaria se ajusta a normas

SANTIAGO.- La Contraloría General dio a conocer el informe que realizó a solicitud de los diputados Nicolás Monckeberg (RN), Claudia Nogueira (UDI) y Pedro Browne (Amplitud) sobre la procedencia y uso de recursos estatales en el video del Gobierno sobre la reforma tributaria, el cual determinó que el material se ajusta a las normas legales.

Tras analizar la propaganda lanzada en abril del año pasado, la entidad acogió lo expuesto por la Secretaría General de Gobierno, la cual explicó que la campaña se realizó con el objetivo de comunicar y difundir las políticas públicas del Ejecutivo en el contexto de una reforma compleja.

En ese sentido, la Contraloría indicó que es "admisible el empleo de videos u otros materiales audiovisuales. Se consigna también que la cartera informó que el material se realizó producto del trabajo de funcionarios a contrata y servidores a honorarios", según informó El Mercurio.

Asimismo, el órgano revisor concluyó que "la campaña de difusión de la reforma tributaria se ajusta a las normas orgánicas y financieras". Sin embargo, agrega que "el uso de determinados lenguajes no se aviene cabalmente con el ordenamiento jurídico".

De ese modo, se desechó la tesis de los parlamentarios opositores, quienes solicitaban que se revisara la legitimidad de algunas de las expresiones utilizadas así como la posibilidad de que se hubiera infringido el principio de legitimidad del gasto.

El video había sido cuestionado en su momento tanto por la oposición como por sectores de la Nueva Mayoría, debido a que señalaba que "los que atacan la reforma son los poderosos de siempre", "la clase media no pagará la reforma" y "el jefe paga menos impuestos que la secretaria", entre otras.

Al respecto, el Gobierno justificó que "las expresiones usadas responden a una técnica lingüística que tiene por objeto transmitir un mensaje en términos cotidianos, masivos y elocuentes para que sea comprendido y recordado por la ciudadanía".

En esa línea, la Contraloría recuerda que “pese a ser una cuestión de mérito, no obsta que la Contraloría General pueda considerar que por el bien del mensaje y del debate público, sea pertinente el uso de otras expresiones menos incisivas".

Por ello, indica que el organismo "puede recomendar al ministerio (...) usar recursos lingüísticos moderados, en atención a que con otras palabras, igualmente, la información puede ser entregada y comprendida".

En ese marco, plantea que el artículo 17 de la Ley 19.800 reconoce como uno de los derechos de las personas en sus relaciones con la Administración, en su letra e), el de ser tratadas con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios".

"Tales disposiciones, en tanto, obligan directamente a las autoridades y funcionarios, y condicionan su quehacer y desempeño, como es el caso del material audiovisual realizado por la secretaría de Estado informante, por lo que se estima que en el aspecto antedicho, el accionar de ese ministerio no se ha ajustado al ordenamiento jurídico, lo cual en lo sucesivo deberá corregirse", concluye la investigación.