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Santiago: Sábado 23 de noviembre del 2024 | Actualizado 02:07
Director de CHV, Jaime de Aguirre, ya se presentó ante los fiscales por el caso SQM.
La Segunda (archivo)SANTIAGO.- La Fiscalía Nacional solicitó este martes a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI que acuda a las oficinas de Aguas Andinas para solicitar los registros de los informes de contabilidad en el marco de la investigación por presuntos delitos tributarios relacionados con el financiamiento ilegal de campañas políticas.
Así lo confirmaron a Emol fuentes que conocen la causa que dirige el fiscal nacional, Sabas Chahuán, detallando que el procedimiento tiene relación con la entrega de facturas presumiblemente falsas desde la empresa La Música S.A. de propiedad del director de CHV, Jaime De Aguirre.
La diligencia fue solicitada luego que el directivo, en su declaración como imputado, reconociera que no prestó servicios a SQM -a la cual emitió boletas por $45 millones en 2010- y que extendió otros seis documentos tributarios a otras empresas -para las que tampoco trabajó- a petición de Bancard, de propiedad de Sebastián Piñera.
Estas tienen relación con tres facturas emitidas en enero, febrero y marzo de 2010 a Aguas Andinas por un total de $30 millones.
En su interrogatorio, sin embargo, De Aguirre descartó que dichos montos hayan sido destinados a financiamientos de campañas electorales y que sólo fueron para costear los bonos que le correspondían.
Desde la empresa anunciaron que entregarán toda la información que fue solicitada por el ente persecutor.
Allanamientos a oficina de Martelli
Tras la incautación de información clave en Aguas Andinas, detectives de la PDI allanaron las oficinas de la empresa Asesorías y Negocios (AyN) del operador político Giorgio Martelli.
Ello, luego que ayer el Servicio de Impuestos Internos (SII) se querellara en su contra por presuntos delitos tributarios por aportes de SQM que habrían sido utilizados para financiar campañas políticas.
La misma querella involucra al ex senador Jovino Novoa, pero por aportes recibidos por el grupo Penta, cuyos controladores Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín fueron formalizados y quedaron con arresto domiciliario total tras pasar casi 50 días en prisión preventiva.
