DGA y la PDI realizan operativos en Región de Arica y Parinacota por extracción ilegal de agua

SANTIAGO.- Unidades de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente (Bridema) de la Policía de Investigaciones y personal de la Dirección Regional de Aguas del Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevaron a cabo en las últimas horas operativos en los valles de Azapa y Vítor en el marco de una investigación por robo de agua.

Las pesquisas se relacionan con una investigación que lleva a cabo la Fiscalía local contra particulares de la zona.

Tras inspecciones a diez predios, la PDI detuvo a tres personas al constatar que en las parcelas que ocupan se cometía el delito de usurpación de aguas, tipificado en el Código Penal. También fueron incautadas omtobombas utilizadas en esta práctica ilegal, según indicó la secretaría regional ministerial (seremi) de Obras Públicas.

En otros siete casos, debido a la ausencia de moradores o por detectarse fallas en los sistemas de extracción descubiertos, se cursaron citaciones a los infractores.

“El acuífero del valle de Azapa presenta un agotamiento que puede desembocar en un colapso si no adoptamos medidas urgentes. Esto quiere decir que hay extracciones ilegales que superan con creces los derechos que están autorizados", advirtió Jorge Cáceres, seremi de Obras Públicas.

"En temporada alta de producción del valle como lo es ahora, sin duda que esa condición de agotamiento aumenta", añadió.

La autoridad indicó que los operativos pudieron llevarse a cabo a partir de una denuncia realizada por la Dirección Regional de Aguas en febrero pasado.

"Logramos detectar pozos ilegales que  estaban funcionando sin tener los derechos constituidos. Descubrimos que esta infraestructura estaba siendo utilizada para el regadío de vegetales que posteriormente son comercializados y logramos detener a tres personas, ya que detectamos que estaban cometiendo el delito flagrante de usurpación de aguas", relató el subcomisario de la Bridema Javier Gaete.

En tanto, el director regional de Aguas, Héctor Flores, hizo notar que la Dirección General de Aguas fortaleció la Unidad de Fiscalización Regional, dotándola de un equipo de tres fiscalizadores y una abogada. "Esa decisión estratégica que nos ha permitido agilizar nuestro trabajo y aumentar en 50% las inspecciones selectivas", detalló.

Las penas que arriesgan los infractores van desde 61 a 540 días de cárcel, además de sanciones administrativas que involucran multas de entre 11 a 20 Unidades Tributarias Mensuales (de 478 mil a 869 mil pesos). En caso de reincidencia, los castigos van desde 541 días a 3 años de presidio.