Diputado Gonzalo Fuenzalida.
El Mercurio (Archivo).SANTIAGO.- El diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión se Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Gonzalo Fuenzalida, llegó hoy a la Contraloría General de la República para que indague si el Intendente de la Región Metropolitana, Claudio Orrego "incumplió sus obligaciones funcionarias al autorizar dos manifestaciones en el jueves pasado y en un horario que puso en riesgo la integridad física de las personas".
A juicio del parlamentario, la autoridad regional no cumplió la obligación funcionaria al ignorar el Decreto Ley 1086 que lo faculta para determinar trazados y horarios en las marchas.
"El derecho a manifestarse es un derecho constitucional, pero también hay que lidiar con otros derechos constitucionales como lo son el derecho a la propiedad privada, el derecho a la vida de las personas, al orden público. Entonces, cuando se toma una decisión hay que tomar en cuenta todos esos derechos y para eso el Decreto Ley faculta al intendente a determinar los trazados y es precisamente eso lo que no cumplió el actual intendente", argumentó.
Y agregó que, "en esto hay jurisprudencia y experiencia de muchos años. No es primera manifestación que se hace, ni primera manifestación que autoriza un intendente. Hay otros trazados y otros horarios que no ponen en riesgo el comercio, la propiedad privada, ni la vida de las personas o el orden público".
Asimismo, Fuenzalida cuestionó la falta de autocrítica del Jefe Regional tras los destrozos ocasionados por los manifestantes.
"Fueron dos marchas en el mismo día y en un horario en que se puso en riesgo muchas cosas como las que vimos a través de los medios de comunicación. No puede ahora a venir a echarle la culpa a los estudiantes, él debe asumir su responsabilidad", dijo.
Finalmente, el parlamentario señaló que "cremos que la Contraloría tiene que tomar cartas en el asunto y que sirva de antecedente. Si la Contraloría determina que el Intendente no cumplió con sus obligaciones funcionarias, él debiera renunciar, o de lo contrario la Presidenta debiera pedirle la renuncia como funcionario público de su exclusiva confianza".
"Las autoridades no están para solamente cortar cintas, sino también para tomar decisiones difíciles y hacerse responsable de sus decisiones", finalizó.