SANTIAGO.- La ministra en visita Gloria Ana Chevesich, quien investiga irregularidades financieras en el Ministerio de Obras Públicas (MOP) defendió fuertemente su gestión a cargo del proceso mediante un informe que envió la semana pasada a la Corte de Apelaciones de Santiago, a raíz del recurso de protección presentado en su contra por funcionarios de la unidad de concesiones de dicha cartera.
En el informe, de cinco páginas, la magistrada sostiene que la diligencia que efectuó en las dependencias del MOP el 20 de octubre pasado, oportunidad en que requisó los correos electrónicos de cerca de 400 funcionarios, se apegó a las normas vigentes.
Dicha medida procovó gran molestia en los trabajadores de la unidad de Concesiones, que esperaron a la ministra en el primer piso del edificio ubicado en calle Merced, y la agredieron física y verbalmente cuando ésta salió, situación que motivó la designación de un ministro de fuero que investiga la situación.
Chevesich debió elaborar un informe luego que la sala de cuentas de la Corte acogiera un recurso de reposición interpuesto por los trabajadores de la cartera, quienes consideran que la magistrada violó su derecho a la privacidad al incautar los email. Antes el tribunal había rechazado el recurso de protección.
En el documento, Chevesich relata que el ministro del MOP, Javier Etcheberry, le envió un oficio en el que le solicitaba que suspendiera la incautación de todos los correos a raíz de la inquietud que la medida generaba en los trabajadores.
La magistrada respondió a esa comunicación afirmando que el secretario de Estado estaba haciendo una impugnación velada de su decisión. “Teniendo en consideración que lo planteado por el Ministro de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, señor Javier Etcheberry, en su oficio signado 35 del 6 de octubre, importa impugnar en forma velada una resolución judicial, actuación que está reservada sólo a las partes en el proceso y que debe realizarse mediante la interposición de los recursos que al efecto establece la ley”, decía el texto que le devolvió Chevesich.
En su informe, la jueza relata que el 15 de octubre, recibió un nuevo oficio de Etcheberry, en el que éste sostenía que “en las dependencias de la Unidad de Informática de Concesiones se encuentra a disposición del tribunal, las cintas, el software y el hardware necesarios para llevar adelante el proceso de bajar y copiar las cintas y desagregar la información solicitada del resto de la contenida en ellas. Señala que este trabajo lo puede realizar personal de Concesiones con dedicación exclusiva, con presencia de un funcionario de Investigaciones o de la forma en que el tribunal lo estime conveniente”.
Con esas especificaciones, la magistrada desmiente la versión del secretario de Estado, quien en una carta a la Corte Suprema sostenía que sólo se enteró de la diligencia media hora antes de que ésta se efectuara.
La magistrada detalla en su informe que a raíz de lo lento que podría resultar copiar las cintas, resolvió nombrar a un perito de la Dirección de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Universidad Católica (Dictuc) para que la asesorara en la incautación y posterior lectura y revisión de las cintas.
Asimismo, sugiere que fue objeto de nuevas presiones con la visita de dos abogadas de la fiscalía del MOP quienes también le manifestaron la inquietud que existía entre los funcionarios a raíz de su decisión de requisar los correos electrónicos enviados y recibidos entre 1997 y 2004.
La acción legal contra la ministra será vista por la Séptima Sala del tribunal de alzada capitalino el próximo viernes 12 de noviembre, oportunidad en la que expondrá sus argumentos el abogado Eugenio Evans, quien representa a los trabajadores afectados.
