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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 20:56
El presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, saludó cordialmente al ministro de Justicia, Isidro Solís, antes de iniciar su discurso.
Héctor Aravena, El Mercurio.SANTIAGO.- En medio de grandes expectativas, generadas a raíz del conflicto de los últimos meses protagonizado por los poderes Judicial y Ejecutivo, el presidente de la Corte Suprema, Enrique Tapia, dio inicio al Año Judicial con un discurso en que no eludió las "deudas" que para los magistrados mantiene el Ejecutivo con su sector.
"Durante el año 2006 hubo serias falencias que repercutieron en el funcionamiento del Poder Judicial. La demora en el nombramiento de jueces y funcionarios llegó a constituir un problema de carácter crónico, agravado por la permanente migración del personal judicial a los nuevos cargos creados por las distintas reformas", dijo Tapia.
"A su vez, hicimos ver la existencia de dificultades a consecuencia de la paralización del trámite legislativo de los proyectos de leyes generados por la Mesa Judicial convocada por el Ministerio de Justicia el año 2004; la suspensión de la reforma penal juvenil; el atraso en reforzar la Justicia de Familia -en crisis desde su puesta en marcha-, y la postergación de la reforma a la Justicia laboral", continuó.
Estas dificultades fueron reconocidas por Enrique Tapia, pero mostró la disposición del Máximo Tribunal de mantener el diálogo.
"La posición del Poder Judicial y la relevancia de su función constitucional justifican sobradamente que se abordan las reformas que necesita desde la concordia y no sobre la confrontación", aseguró el presidente de la Suprema.
En este sentido, Tapia aludió al trabajo que ha realizado la comisión que integran los supremos Rubén Ballesteros, Milton Juica, Pedro Pierry y Patricio Valdés junto a representantes del Ministerio de Justicia.
Autonomía financiera
El presidente de la Suprema también se refirió a la autonomía financiera del Poder Judicial respecto al Ejecutivo.
"Estimamos idealmente que el Poder Judicial no debiera estar sujeto a la dependencia de entes externos en la ejecución y administración de su presupuesto previamente determinado (...) Es necesario que la cantidad de recursos se determine en un porcentaje del presupuesto nacional fijado en una ley permanente, lo que no debe ser entendido como un costo mayor, habida cuenta de los beneficios que ello importa para el sistema judicial", manifestó.
En la ceremonia estuvieron presentes los ministros de la Corte Suprema y de la Corte de Apelaciones junto a ex presidentes del Máximo Tribunal. Además asistieron los máximos representantes del Poder Legislativo y el ministro de Justicia, Isidro Solís.
También participó en el acto el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena, quien hizo una positiva evaluación del documento leído por el presidente de la Corte Suprema.
"(El discurso) me pareció bastante claro, contundente, hay aspectos en que la Corte Suprema ha estado insistiendo que deben ser tratados con los poderes colegisladores y yo creo que (hay) buen ambiente tanto en el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo para que esos problemas se traten y se solucionen", dijo.
Al término de su discurso, el presidente de la Corte Suprema también comentó las declaraciones del ministro Solís sobre la sanción aplicada contra el juez Guillermo Cádiz, quien tramitó su divorcio en sólo ocho días.
"En este país cada persona tiene libertad de opinión (...) Según leí en el diario hoy, fue una opinión personal", dijo Tapia.
La postura del ministro de Justicia, quien públicamente se mostró a favor de remover del cargo a Cádiz y no de suspenderlo por dos meses como lo propuso el magistrado que investigó el caso, causó molestia en el propio Ejecutivo.
1. La autonomía del Poder Judicial por el artículo transitorio incluido en la reforma de la justicia de Familia, que condiciona la provisión de los cargos de jueces a la autorización de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.
2. La paralización de proyectos de ley originados en 2005 en la "Mesa Judicial".
3. La preocupación por la tardanza en la iniciativa para corregir la implementación de los Tribunales de Familia.
4. La incertidumbre de la Reforma a la Justicia Laboral.
5. La excesiva demora en el nombramiento de jueces.
6. El desinterés en temas presupuestarios del Poder Judicial.
7. La paralización del proyecto de ley sobre flexibilización del manejo de los fondos presupuestarios.
8. La necesidad de dar solución a problemas que enfrentan los 183 juzgados de jurisdicción mixta del país.
Lea el discurso
