Para ser aprobado, el texto requería el apoyo de 69 parlamentarios y sólo obtuvo el de 63.
Nelsón Olmos, El MercurioSANTIAGO.- El Gobierno sufrió un nuevo revés a nivel legislativo, luego que la Cámara Baja rechazara del proyecto de ley que otorga derecho a voto a los chilenos residentes en el extranjero.
63 parlamentarios de la Concertación votaron a favor de la iniciativa, mientras en la Alianza 23 se pronunciaron en contra y 20 se abstuvieron.
Los 23 votos en contra fueron de diputados de la UDI más el de la regionalista Marta Isasi. Las abstenciones correspondieron a legisladores de RN, más los UDI Julio Dittborn, Felipe Salaberry, Edmundo Eluchans y Gonzalo Uriarte, y el independiente Alberto Cardemil.
La iniciativa legal era una moción de los diputados Sergio Aguiló, Isabel Allende, Juan Bustos, Francisco Encina, Carlos Montes y Fulvio Rossi, y fue presentada a trámite en la Cámara el 20 de julio de 2005.
Para ser aprobado, el texto requería el apoyo de los 4/7 de los parlamentarios (69 votos), debido a que modifica una Ley Orgánica Constitucional.
Las bancadas de gobierno, aunque son mayoría, no alcanzaban a reunir ese quórum, por lo que, para ser despachado, necesitaba votos de diputados de oposición.
Los chilenos residentes en el extranjero están, mayoritariamente, en Argentina, donde viven 429.708. El resto reside en EE.UU, 133.394; Suecia, 42.396; Canadá, 37.577; Australia, 33.626; y Brasil, 28.371.
El Gobierno esperaba contar con los votos de Renovación Nacional, tras el compromiso que estableció el empresario Sebastián Piñera durante la campaña presidencial de 2005 de respaldar este "perfeccionamiento" a la democracia en una reunión con chilenos en Europa.
Sin embargo, la colectividad había condicionado su apoyo a la aceptación de varios requisitos, entre ellos que quienes residen en el extranjero viajen a Chile para inscribirse, que visiten al país cada cinco años, se garantice que no habrá intervención electoral y se otorgue suma urgencia a los proyectos sobre probidad.
El acuerdo no se logró, debido a que el Gobierno consideró que la primera de las condiciones era "discriminatoria".
Ahora la iniciativa deberá esperar un año para volver a ser discutida en el Congreso.