Diputados chilenos rechazan Convención de Desaparición Forzada

VALPARAÍSO.- La Cámara de Diputados rechazó hoy la ratificación en Chile de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, informaron fuentes parlamentarias.

El proyecto, que requería de 68 votos, fue votado favorablemente por 67 diputados, mientras que otros 31, en su mayoría de derecha, se abstuvieron.

En ese contexto, el documento suscrito en Brasil por la Organización de Estados Américas (OEA) el 9 de junio de 1994, no podrá continuar su tramitación en el Congreso hasta dentro de un año, salvo que la presidenta chilena, Michelle Bachelet, insista en el Senado, y éste lo apruebe por dos tercios de sus miembros presentes.

Tras la votación, el secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, calificó como “vergonzoso” el rechazo al proyecto y afirmó que “no hay razón alguna por la cual un país civilizado y democrático no adhiera a una convención como esta".

"Más grave aún, cuando estamos en la víspera de una reunión de presidentes de toda Latinoamérica", agregó a los periodistas Viera Gallo, en alusión a la XVII Cumbre Iberoamericana que se desarrollará en el país entre este jueves y sábado próximos.

La secretaria de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Viviana Díaz, en tanto, dijo que esto refleja que los parlamentarios derechistas “siguen defensores de lo que fue la dictadura militar (1973-1990)".

"No ven el valor de la vida, de las personas y hacen prevalecer la impunidad,” agregó.
El diputado democratacristiano Gabriel Ascencio coincidió con Díaz en que: “hoy hemos visto el rostro de la derecha tal como es, una derecha desnuda, que no le importa que nosotros incluyamos en nuestro ordenamiento jurídico el delito de desaparición forzada de personas".

Asimismo, calificó la actitud de sus pares como “cobarde,” ya que "no son capaces ni siguiera de votar en contra, sino que se abstienen".

Por su parte, el diputado derechista y ex ministro del gobierno militar Alberto Cardemil justificó su abstención al señalar que "esta no es una cuestión jurídica, hay un trasfondo político".

"No estoy por darle más herramientas a toda esta corte de jueces internacionales que más que jueces son políticos y que los temas de los DDHH los usa como escalones para recibir premios y distinciones internacionales", recalcó.

Las declaraciones de Cardemil son en alusión al falló del juez Carlos Cerda, quien el pasado octubre procesó a la familia Pinochet y a varios colaboradores por presunta malversación de fondos públicos y días después el juez fue a recibir un premio a EE.UU.

El instrumento internacional define la Desaparición Forzada de Personas como la privación de la libertad cualquiera que sea su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos que actúen con el apoyo o consentimiento del Estado.

La Convención Interamericana compromete a los Estados a que prevengan, sancionen y erradiquen ese crimen, y también a que promulguen leyes y adopten medidas administrativas y judiciales que permitan aplicarla.

Asimismo, los obliga a que no practiquen, permitan o toleren la desaparición forzada, “ni siquiera en estado de emergencia, excepción o suspensión de garantías individuales,” indica el texto.

Según el Informe Rettig, que en 1991 documentó las violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar, en Chile hubo 3.197 víctimas en ese período, de las cuales 1.192 corresponden a detenidos desaparecidos.