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Santiago: Jueves 21 de noviembre del 2024 | Actualizado 20:03
SANTIAGO.- El contralor general de la República, Ramiro Mendoza, aceptó hoy la renuncia de nueve de sus empleados, entre ellos la subcontralora Noemí Rojas, según informó la Contraloría a través de un comunicado.
La renuncia de los funcionarios ocurre cinco días después de que Mendoza pidiera a los 24 funcionarios que ejercen jefaturas libertad de acción para poder reestructurar la institución que maneja hace casi ocho meses y trabajar, a futuro, con personas más de su confianza.
En reemplazo de la subcontralora Noemí Rojas -que llevaba 41 años en la Contraloría- quedará Sonia Doren Lois, ex jefa de División de Toma de Razón y Registro.
Como tercero o jefe de la División Jurídica se mantiene Gastón Astorquiza y en el cuarto puesto, es decir, la División de Auditoría Administrativa, continúa Patricia Arriagada.
De acuerdo con la Contraloría, "esta nueva estructura obedece a la decisión adoptada por el Contralor General de la República en orden a conformar los equipos de trabajo que materialicen los lineamientos esenciales de la actual administración".
A través del comunicado al entidad agradeció "sinceramente el trabajo realizado por los funcionarios que hoy inician su proceso de retiro, ya que ellos han cumplido una etapa de esmerado trabajo y dedicación al servicio de la institución, deseándoles éxito en los emprendimientos personales que decidan asumir".
El equipo anunciado hoy por la Contraloría General de la República será sometido periódicamente a evaluaciones. Ramiro Mendoza, en tanto, estará a cargo de la entidad hasta el 2015.
La Contraloría General de la República tiene por objetivo fiscalizar el debido ingreso e inversión de los fondos del fisco, de las municipalidades, de la beneficencia pública. Además, debe verificar el examen y juzgamiento de las cuentas que deben rendir las personas o entidades que tengan a su cargo fondos o bienes de instituciones.
Otra de sus funciones es llevar la contabilidad general de la Nación; pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los decretos supremos, y de las resoluciones de los jefes de servicios que deben someterse al trámite de toma de razón.
También debe vigilar el cumplimiento de las disposiciones del Estatuto Administrativo.
