SANTIAGO.- Con seis detenidas terminó la manifestación de un grupo de mujeres frente al Palacio de La Moneda en apoyo a Patricia Troncoso, la activista por mapuche que lleva 104 días en huelga de hambre.
Tres de las mujeres, quienes reclamaban por las medidas que ha tomado el gobierno para impedir el ayuno de 104 días que mantiene la activista mapuche, tiñeron de color rojo las aguas de una de las fuentes ubicadas frente a la sede de Gobierno y extendieron un cartel en apoyo a Troncoso, en el que se podía leer la frase: "Patricia Troncoso. Nadie Callará tu lucha".
Las manifestantes fueron detenidas por la policía que custodia el sector. Otras tres mujeres fueron detenidas cerca del lugar.
La mujer se encuentra en delicado estado, por lo que este martes se le comenzó a suministrar alimentación vía endovenosa para atenuar su gravedad en un hospital penitenciario de la ciudad de Chillán.
Al mismo tiempo, el abogado Hugo Gutiérrez, en representación de una organización humanitaria, entregó una carta en la sede de gobierno demandando una revisión de la condena de Patricia Troncoso, de 38 años, en grave estado de salud debido a su prolongada huelga de hambre.
El profesional afirmó que si algo le pasa a Troncoso la responsabilidad será de la Presidenta Michelle Bachelet, cuyo gobierno sostiene que la situación de la activista deriva de una condena del poder judicial.
Troncoso, en una carta hecha pública cuando cumplió 100 días de ayuno, dijo que “cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, la responsabilidad de defender a todos los que generosamente luchan para apoyar al Pueblo Nación-Mapuche, a las comunidades y a todo el pueblo pobre y explotado”.
La mujer exige la revisión del juicio que la condenó en 2005 a ella y a otros cuatro indígenas a 10 años de cárcel y a pagar una indemnización equivalente a unos 800.000 dólares por incendiar una hacienda forestal.
Los otros cuatro iniciaron la huelga de hambre junto con ella, pero la depusieron debido a problemas de salud.
Ella y otros mapuches que cumplen penas de cárcel demandan ser considerados presos políticos y ser traslados a una granja-penal, donde la disciplina y la vigilancia son más relajadas.