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Comité penal del CDE analizará irregularidades en subvenciones escolares

El Consejo de Defensa del Estado dijo a Emol que está investigando los alcances del informe de la Contraloría "a través de su Procuraduría Fiscal de Santiago, para luego ser revisados en el comité penal de la institución".

18 de Febrero de 2008 | 13:05 | El Mercurio Online
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El ministro Francisco Vidal admitió que ''es imprescindible aquí mejorar la fiscalización''.

Héctor Aravena, El Mercurio.

SANTIAGO.- El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encuentra investigando los antecedentes entregados la semana pasada por la Contraloría General de la República sobre severas irregularidades en las subvenciones escolares de la Región Metropolitana, que ascenderían a 200 millones de pesos, según la Fiscalía.


El CDE dijo a Emol que está investigando los alcances del informe de la Contraloría "a través de su Procuraduría Fiscal de Santiago, para luego ser revisados en el comité penal de la institución".


De esta manera, una vez concluido este proceso, el CDE podría presentar una acción legal contra quienes resulten responsables de un eventual delito.


Por su parte, el ministro vocero de Gobierno, Francisco Vidal, reconoció que en este caso "estamos hablando de sumas importantísimas", pero prefirió dejarlo en manos de la cartera respectiva.


"Yo creo que es un tema del Ministerio de Educación, quiero ser riguroso, cuando no sé cosas, en detalle, no me gustaría entrar en un tema que desconozco en su esencia", declaró.


No obstante, admitió que "es imprescindible aquí mejorar la fiscalización", sobre todo luego de la aprobación de dos leyes en enero pasado que inyectarán 900 millones de dólares adicionales a la subvención escolar.


Vidal hizo un llamado a que "focalicemos bien porque la inmensa mayoría de los sostenedores de colegios particulares subvencionados es gente decente. Así como la abrumadora mayoría, sino todos, de los municipios que son la otra parte que recibe las subvenciones es gente correcta. Ahora, si hay un foco, está donde corresponde, en la Contraloría y en un caso específico, por ahora, en el Ministerio Público".


En la misma línea, Vidal planteó que se debe condenar "con la misma energía cuando se roba un peso del sector público como cuando se roba el sector privado un peso del sector público".


El informe de la Contraloría


Una auditoría practicada por la Contraloría en la Seremi de Educación de la Región Metropolitana arrojó irregularidades en el proceso de subvenciones escolares durante el año 2006.


Los problemas dicen relación, entre otros temas, con la entrega de dinero por parte de la Seremi a una persona que no es sostenedor; la no devolución de fondos al nivel central y una insuficiente fiscalización de la matrícula.


La Seremi, que encabeza Alejandro Traverso, recibió un preinforme al que contestó el 6 de diciembre del año pasado, respondiendo a parte de los cuestionamientos.


Un seguimiento a la cuenta corriente de la Seremi Metropolitana reveló que se giró y pagó a una persona no autorizada durante 2006 para cobrar subvenciones -identificada como Gladys de las Mercedes Audala Sánchez- a lo menos la suma de 34.914.156 pesos, los que tenían como destino a otros sostenedores. Esta situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía Centro Norte.


En cuanto a la acreditación de la asistencia de los alumnos, la Contraloría subrayó que la Seremi cuenta con sólo 33 inspectores para fiscalizar en 2.515 establecimientos.


Del cruce de distinta información se estableció que en 2006 de un universo de 3.789.448 alumnos a nivel nacional, figuran 50.886 registros de alumnos inscritos más de una vez en el proceso de matrículas. Para la Región Metropolitana hay 21.492 casos. En 2007 hay 29.864 casos a nivel nacional y 5.779 en la Región Metropolitana. Además, al 31 de diciembre de 2006 había a nivel nacional 166.466 registros de alumnos promovidos, reprobados o retirados en más de un establecimiento durante el año.


De éstos, 70.306 correspondían a la Región Metropolitana, concentrándose el 75% de los casos en la educación básica.


La Contraloría destacó que lo comprobado se traduce en un eventual cobro irregular de subvenciones por parte de algunos sostenedores de la Región Metropolitana, situación que de mantenerse durante el año académico equivaldría a una suma superior a los 10.000 millones de pesos.


Por esta razón, la entidad pidió la destitución del seremi Alejandro Traverso, quien presentó una reconsideración a la medida disciplinaria.

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