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Santiago: Martes 26 de noviembre del 2024 | Actualizado 19:16
SANTIAGO.- Contratos con Mario Gómez Puig, miembro de la Sociedad Pedro Sabat y Compañía, además de acuerdos con las empresas Publicidad Urbana S.A, y la productora y capacitadora 24 Limitada, fueron parte de las conclusiones emitidas por la Contraloría General de la República en su informe sobre la inspección efectuada a la comuna de Ñuñoa.
En el documento de 12 páginas, se indica que la Corporación Municipal de Salud y Educación de la alcaldía suscribió el 4 de enero de 2001 un contrato con Mario Gómez Puig, en el cual se estipulaba que éste asumiera como vicepresidente ejecutivo del organismo, con un sueldo mensual de $4.359.400 millones.
No obstante, Gómez aparecía hasta fines de 2007 como socio del edil Pedro Sabat (RN), quien omitió su participación en dicha sociedad -cuyo domicilio corresponde al de la Corporación Cultural de Ñuñoa- en su declaración de patrimonio de 2006, argumentando que ésta ya había sido disuelta el 7 de abril de 2004.
De igual modo, se establece que Gómez creó la "Inmobiliaria El Toboso", con un capital de $163 millones, cuyo domicilio es Pedro de Valdivia 2885, el cual es de propiedad del alcalde Pedro Sabat.
Por su parte, el órgano contralor mostró en su informe que la municipalidad firmó contratos a principios de 2006 con la empresa Publicidad Urbana S.A. -cuyo gerente es Mario Gómez Vargas, hijo del socio de Sabat-, la que recibió pagos por ochenta millones de pesos.
Asimismo, el mismo año, el municipio adjudicó la realización de la Feria del Libro de Ñuñoa a la productora Veinticuatro Ltda. -de propiedad de Gómez Vargas- y a la anterior firma Publicidad Urbana S.A., por un total de $30 millones. Esta última sociedad habilitó además la Fiesta Chilena de Ñuñoa, por la suma de $80.777.000.
Sin embargo, ambas sociedades en aquella fecha no contaban con patentes municipales, pese a tener domicilio en la comuna de Ñuñoa.
En vista de lo determinado por la Contraloría, el organismo fiscalizador realizará un sumario administrativo, con el objeto de definir eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios municipales involucrados.
El informe final y sus antecedentes serán remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
