El plan del espía argentino que sustrajo información reservada de Chile y Uruguay

SANTIAGO.- Un experto en terrorismo islámico, ex Director de Contrainteligencia de Argentina y perseguido político de ese país, busca apoyo en Uruguay y se gana la confianza de uno de los miembros de la Oficina de Contralor de Armas (OCA) para ingresar a una de las oficinas del Ministerio del Interior de ese país. Su objetivo: Robar información privilegiada.

No, no es un guión de película, sino un resumen del autoprocesamiento en contra del espía argentino, Iván Velásquez, que sustrajo datos confidenciales de Chile y Uruguay. Según el diario de ese país, "El Observador", el acusado permanece recluido en Montevideo, por robar información de la policía uruguaya.

Velásquez interceptó alrededor de 700 e-mails de "empresarios, periodistas y políticos" sudamericanos, entre ellos, el ex Presidente argentino Néstor Kirchner.

Fuentes ligadas al caso indicaron a Emol que, por el momento, no se puede entregar información sobre los nombres de los "jerarcas chilenos intervenidos", pues la investigación "está en etapa de pre-sumario".

Por esta razón, se desconoce también el objetivo de Velásquez en el "hackeo" de e-mails de personeros nacionales.

En lo relativo al espionaje a Uruguay y, según el documento redactado por la jueza de ese país, Graciela Gatti, y al que tuvo acceso Emol, el pendrive que se le incautó a Velásquez tenía almacenada información de la OCA –dependiente del Ministerio del Interior de Uruguay- la cual está reservada sólo para el ámbito policial.

Pero ¿Cómo Velásquez obtuvo dicha información? Tras el trámite que realizó para la tenencia de un arma, sólo por “buena voluntad” –según cita el documento de la jueza- habría donado un computador a la OCA, junto con ofrecerse para instalar unos programas para mejorar la eficiencia de la oficina.

“Luego, función de la instalación de dicho porgrama, y en definitiva gracias a la confianza generada con el Subcomisario de la OCA y al hecho de que estaba realizando un programa para su oficina, logró el acceso a la misma pudiendo acceder a las bases de datos existentes”, relata el documento.

En el escrito, la jueza acusa directamente a Velásquez de copiar los antecedentes que más tarde se encontraron en su pendrive, “generando la apariencia de que sólo por generosidad y sin esperar nada a cambio, estaba donando una computadora y un programa”.

Los datos que obtuvo fueron los nombres y número de documentos de funcionarios policiales, qué armas usaban y dónde trabajaban. Aunque el escrito no deja constancia de que Velásquez también haya espiado a funcionarios de Gobierno chilenos, fuentes ligadas a la investigación confirmaron que hay personeros de Chile entre las víctimas espiadas.

Tras los hechos, Gatti le revocó la libertad provisional e imputó a Velásquez por “conocimiento fraudulento de documentos secretos”, lo que implica un riesgo para la seguridad del país, pues “se ignora lo que hizo con los datos obtenidos”.

Respecto al delito de cohecho que recaería en el funcionario de la OCA, que recibió el computador, la jueza lo descartó, ya que no quedó establecido que dicho “regalo” fuera a cambio de la información.