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Santiago: Sábado 21 de diciembre del 2024 | Actualizado 21:05
MONTEVIDEO.- Autoridades chilenas pidieron información a la justicia uruguaya, para confirmar si el ex agente argentino Iván Velázquez, -encarcelado en Montevideo- hackeó correos electrónicos de funcionarios de Gobierno, y eventualmente pedir su extradición a Santiago.
Según el diario “El Observador”, entre los funcionarios del Gobierno chileno, que fueron víctimas del espionaje, se encontraría el ex ministro de Defensa, Jaime Ravinet; los embajadores de Chile en Colombia, Gustavo Ayares; en Cuba, Gabriel Gaspar Tapia; en Croacia, Francisco Devia y el representante de Santiago en la OEA, Carlos Portales.
Velázquez está detenido en Montevideo por acceder a información policial reservada y en la investigación técnicos informáticos descubrieron que también había vulnerado correos electrónicos de Chile.
Según la pesquisa el argentino -ingresado desde el 19 de febrero en un sanatorio montevideano por un cólico nefrítico- hackeó correos de funcionarios, mientras otros figuraban entre sus objetivos.
Los investigadores descubrieron además que, desde Argentina, Velázquez espió mails de diplomáticos españoles que en 2007 trabajaron en la mediación en el diferendo entre Argentina y Uruguay por la papelera de Botnia.
Paralelamente se informó hoy que las autoridades del penal Comcar, donde está detenido Velázquez, le pidieron que dé clases de computación a los reclusos. Su abogado, Enrique Moller, solicitó que en caso de que su cliente acceda, se deje establecido que no tendrá acceso a Internet.
El ex agente de la Secretaría de Información del Estado (SIDE) de Argentina, llegó a Uruguay en 2008 y pidió asilo político con el argumento de que era perseguido por el gobierno de Argentina, donde también hackeó correos e información reservada de políticos, funcionarios y artistas.
Procesado inicialmente, sin prisión, por los delitos de “cohecho simple” y “utilización indebida de información privilegiada”, la jueza, Graciela Gatti, revocó su sentencia y lo envió a la cárcel por el delito de “conocimiento fraudulento de documentos secretos”, al comprobar que el ex agente había copiado un registro de armas de la policía uruguaya.
