Ex detective demanda al Fisco por homofobia en las fuerzas de orden

SANTIAGO.- Tras ser expulsado de la Policía de Investigaciones (PDI) a raíz de su orientación sexual, el ex subcomisario César Contreras Segura presentó hoy la primera demanda contra el fisco a raíz de un caso homofobia en las Fuerzas del Orden, trámite que contó con el respaldo del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y con el patrocinio de la Corporación Interés Público.

La acción legal incluye una demanda de nulidad del Decreto Supremo que el 18 de enero de 2006 ordenó la baja de Contreras Segura de la Policía de Investigaciones, iniciativa en la que se solicitó que el ex policía fuera reintegrado, así como una indemnización de 50 millones de pesos por perjuicios, además de la restitución de las remuneraciones y pagos previsionales desde la expulsión.        

“Desde el 2006 a la fecha he vivido un infierno familiar, emocional y económico a raíz de mi injusta e inhumana expulsión de la Policía Civil, donde serví por 15 años con una trayectoria intachable que funcionarios policiales quisieron enlodar sólo a partir de mi homosexualidad”, sostuvo Contreras Segura, quien al momento de ser dado de baja se desempeñaba en la Brigada de Investigación Criminal de Conchalí.        

La demanda contra el Fisco se explica porque en reiteradas ocasiones Contreras Segura solicitó sin éxito a la Contraloría General de la República que revirtiera la expulsión determinada por el Consejo Superior de Ética de la Policía de Investigaciones sobre la base de antecedentes proporcionados por el Departamento V de Asuntos Internos.

“La homofobia de este caso, uno de los brutales conocidos por nuestra organización, queda al descubierto al comprobarse que el Departamento V de Asuntos Internos investigó la vida privada de Contreras Segura sólo por sospechar de su homosexualidad y, a partir de ahí, montó un inmoral operativo para conseguir la expulsión del funcionario”, sostuvo el presidente del Movilh, Rolando Jiménez.

En la demanda contra el fisco, representado por el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Mackeney, el ex funcionario alega que se violaron diversos derechos constitucionales, como el de la igualdad ante la ley.