SANTIAGO.- El juez de Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago Ponciano Sallés Bastarrica acogió la petición del Ministerio Público y, en procedimiento abreviado, condenó a cinco ex detectives implicados en la red de corrupción que lideraba la coimputada en la causa Margarita Cuadros Aedo.
En un comunicado del Poder Judicial se informó que en la audiencia de lectura de sentencia, realizada este viernes, el magistrado Sallés procesó, en calidad de autores, a:
- Óscar Ruiz Silva a 61 días de presidio por el delito de asociación ilícita, y 3 años de presidio por delitos informáticos reiterados (8). Se le concedió al sentenciado el beneficio de la libertad vigilada de Gendarmería por el término de 5 años.
- Diego Inostroza Flores a 61 días de cárcel por asociación ilícita; 800 días de presidio por delitos informáticos; 3 penas de 60 días de prisión por cohecho, más 5 años de inhabilitación especial o absoluta para ejercer cargos u oficio público y una multa de 30.000 pesos. Se concedió al condenado el beneficio de la reclusión nocturna.
- Ricardo Morales Calquín a 61 días de presidio por asociación ilícita; 2 penas de 540 días de presidio por delitos informáticos reiterados; 60 días de prisión por del delito de obstrucción a la investigación; 60 días de prisión por el delito de cohecho, más la suspensión para ejercer cargos u oficio público mientras dure la condena y una multa de 300.000 pesos. Se concedió al sentenciado el beneficio de la libertad vigilada por el término de 5 años.
- Manuel Orellana Gutiérrez a 61 días de presidio por el delito de asociación ilícita; 540 días de presidio por el delito de falsificación de instrumento público; 60 días de prisión por cohecho, más suspensión para ejercer cargos u oficio público mientras dure la condena, y una multa de 200.000 pesos. Se concedió al condenado el beneficio de la remisión condicional de la pena, quedando sujeto a la supervisión de Gendarmería por el plazo de 3 años.
- Marcelo Palavecino Flores a 540 y 60 días de prisión por delitos informáticos reiterados; 40 días de prisión por el delito de quebrantamiento de arraigo; 60 días de prisión por cohecho, más suspensión para ejercer cargos u oficio público mientras dure la condena y una multa de 150.000 pesos. Se concedió al condenado el beneficio de la remisión condicional de la pena, quedando sujeto a la supervisión de Gendarmería por el plazo de tres años.
En parte de su resolución, el magistrado Sallés Bastarrica, sostuvo que las circunstancias atenuantes que esgrimieron las defensas de la irreprochable conducta anterior, "corresponde al mínimo exigible a cualquier ciudadano, más aún si se trata de personas que tuvieron en algún momento a su cargo, el resguardo y mantención del orden y la seguridad pública (...) en atención a la confianza y medios que en su momento se depositó en ellos para resguardar la convivencia social, necesarios para que este juez, tenga el convencimiento y la convicción que la citada atenuante es distinta y de mayor valor que la que pudiese reconocerse de cualquier otro individuo que también tuviese impoluto su extracto de filiación y antecedentes penales".